La demora en el pago a las compañías, entre el tope legal y el récord

No faltan cálculos sobre cuánto tardan en cobrar sus facturas las empresas españolas y, aunque todos arrojan resultados distintos, coinciden en retratar una tendencia por la que van quedando atrás las larguísimas demoras de los peores años de la crisis. Pero casi todas las cifras que publican colectivos empresariales también dicen que los plazos medios de pago aún superan la línea roja marcada por la ley, situada de entrada en 30 días. En este punto, las organizaciones valoran los avances al tiempo que avisan de que no bastan.

Para muestra, los datos de 2017 de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que sitúa en 77 días el plazo medio de pago a los proveedores en el sector privado y en 65 el del público. Los números, de una encuesta, dan idea del camino recorrido en la comparación con 2011, cuando el colectivo estimaba que la tardanza de la Administración superaba los cinco meses (162 jornadas) y la empresarial rondaba los 100 días. Reflejan unas dificultades económicas que dispararon la morosidad al 7% de la facturación. Y una lacra que la organización estima que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas desaparecidas desde el inicio de una crisis que, además, complicó acceder al crédito.

Sobre esa aún hay más datos, del Ministerio de Hacienda, con un sistema de cómputo distinto. En el pasado diciembre situaba en 13,9 días el plazo medio de pago de la Administración central, en 11,5 el de las autonómicas —4,78 en Galicia— y en 44 el de las locales.

Puestos a echar la vista atrás, Cepyme dice que sus datos son "de los más reducidos de la serie histórica", que se remonta al menos a 2008, y la PMcM destaca sobre todo la agilización en el sector público y que "ha tomado medidas". Van desde el plan de pago a proveedores a la facturación electrónica o las actuaciones "coercitivas". "Hay muchísimo que hacer, pero estamos esperanzados con lo que está sucediendo", dice la directora ejecutiva de la plataforma, Pilar Ferrer.

REFORMAS. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Entre lo más reciente, apunta a la aplicación de la nueva ley de contratos del sector público, en vigor desde marzo. La PMcM destaca que limitó a 30 días el plazo para certificar, por ejemplo, que una obra se ejecutó en los términos acordados y no permite pactos que excedan el plazo legal con los subcontratistas. Valora, además, que el sistema de facturación electrónica de la Administración se abrirá "a toda la cadena de contratación", y no solo a los primeros eslabones.

Una proposición a debate en el Congreso contempla multas de hasta 820.000 euros y plantea crear un observatorio estatal de la morosidad

Así las cosas, la plataforma destaca el impacto de una norma que toca al "mayor comprador del país". Pero dice que falta la "guinda": castigar el incumplimiento de las leyes en materia de morosidad. Establecer un régimen de infracciones y sanciones es precisamente una de las patas de una proposición de ley que se tramita en el Congreso. El texto, que impulsó Ciudadanos y está en la fase de debate de enmiendas, contempla en su redacción inicial multas de entre 60 y 819.780 euros en función de la infracción, que sería muy grave por demoras que superen en más de 60 días el plazo de pago legal. Y algún grupo propone cuantías mayores.

Más allá de los castigos, para los que se plantean opciones de rebaja por el pronto pago de la deuda o para pymes con cobros pendientes, el texto contempla la creación de un observatorio estatal de la morosidad y un sistema arbitral para resolver conflictos. A la vista de que "en las enmiendas no hay demasiada controversia", Ferrer ve posible que se apruebe una norma con los puntos "fundamentales".