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Cuatro años para depurar los excesos de los gestores de las cajas

La cúpula de Novacaixagalicia, durante el juicio
La cúpula de Novacaixagalicia, durante el juicio
La ejecución de la pena y la devolución de los 14,2 millones aún tardará debido a los recursos. El abogado coruñés que destapó el caso en octubre de 2011 ve escasos los años de prisión

La histórica sentencia dictada este jueves por la Audiencia Nacional pone punto y seguido a cuatro años de investigaciones que arrancaron el 24 de octubre de 2011, cuando el abogado Pablo Arangüena interpuso en un juzgado de instrucción de A Coruña una denuncia contra los exdirectivos de Novacaixagalicia.

La entidad acababa de convertirse en banco para ser intervenida por el Frob con una inyección de 2.465 millones, la segunda tras los 1.162 millones de la fusión en 2010, mientras comenzaban a trascender las prejubilaciones millonarias con las que se retiraron entre el 9 y el 19 de septiembre el exdirector general José Luis Pego, su adjunto, Javier García de Paredes, y los responsables de la oficina de integración y de la división inmobiliaria, Óscar Rodríguez Estrada, y Gregorio Gorriarán.

Cuatro años después de interponer una denuncia que la Fiscalía Anticorrupción trasladó a la Audiencia Nacional, el letrado coruñés afirmó este viernes sentirse "contento por que se haya verificado" que sus sospechas "tenían fundamentos sólidos". Con todo, no puede evitar "una sensación agridulce" a la vista de los dos años de prisión que se imponen a Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, como autores de un delito de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida, y al excopresidente Julio Fernández Gayoso y al abogado que asesoró en la redacción de los contratos Ricardo Pradas, como cooperadores necesarios.

¿Ingresarán en la cárcel? "Se les imponen dos años, justo la pena que necesitan para, a priori, no entrar en prisión", constata Pablo Arangüena, quien considera que los jueces Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Antonio Díaz, que firman el fallo, "no razonan" por qué se decantan por esta duración, cuando en caso de apropiación indebida el Código Penal contempla entre uno y seis años.

"La propia Fiscalía solicitaba tres años, con lo que ingresarían como todo hijo de vecino", recalca el jurista. Al carecer de antecedentes, es altamente probable que eviten la cárcel, una decisión que, con todo, deberá adoptar el juez. Si cuando se decrete la ejecución de la sentencia el magistrado optase por suspender la pena de prisión, el abogado José Luis Barral, que representa a la asociación de usuarios de banca Adicae en el proceso, explica que esta medida aún podría revertirse en caso de que resultasen condenados por algún otro delito, como una alcoholemia al volante. "De llegarse a este caso
tendrán que ser ciudadanos ejemplares", constata el letrado.

Además, cabe recordar que Anticorrupción está investigando 13 operaciones con las que Caixanova y Caixa Galicia habrían perdido 980 millones. Si finalmente acaban en la Audiencia Nacional, algunos de los implicados por las indemnizaciones podrían verse salpicados.

¿Cuánto tardará en hacerse efectiva la sentencia? Pasarán varios meses hasta que los directivos devuelvan los 14,2 millones que les exige la Audiencia, abonen las multas de 75.000 euros y se dilucide si irán o no a prisión. En las últimas horas, tanto Adicae como la defensa de Gayoso confirmaron que recurrirán en casación ante el Supremo. Los condenados aún tendrían la opción de pedir amparo al Constitucional o de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.

¿La sentencia puede servir de ejemplo para otros casos? Arangüena mantiene que este caso y el de Caixa Penedés —cuya cúpula eludió en mayo de 2014 la prisión al admitir su culpabilidad y devolver 28,6 millones— crean "una línea jurisprudencial". "Esperemos que los directivos de empresas, sobre todo las semipúblicas, como las cajas, tengan muchísimo más cuidado con las cosas que hacen".

¿Qué deben devolver al Frob? La Audiencia considera probado que los ejecutivos actuaron movidos por la intención de "conseguir unas ventajas económicas en caso de que los nuevos gestores e inversores" que entrasen en la entidad, que presentaba un estado "calamitoso", no contasen con sus servicios.

"Para quedarse en la misma situación económica no iban a realizar nuevos contratos, y para empeorar sus condiciones es obvio que sería absurdo", zanjan los ponentes de la sentencia. Entre otros conceptos, Pego, Estrada y Gorriarán deberán restituir en conjunto 1,74 millones que se asignaron en sus liquidaciones como "premio por especial dedicación al desarrollo de la entidad", una retribución variable que la caja no abonó a la plantilla en 2011 debido a su delicada situación. A esto se suman 223.144 euros por las mejoras introducidas en su retribución fija por resultados; otros 996 euros del plus del convenio y 1,8 millones que debían haberse restado en intereses al capitalizar el finiquito.

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