"Con las condiciones que me vendieron aún no pagaría el préstamo, y llevo 4 años"

Miles de personas devuelven con dificultad el crédito del Ico que recibieron para un posgrado o no consiguen pagar las letras

 

Estudiantes en el campus de Lugo. XESÚS PONTE
photo_camera Estudiantes en el campus de Lugo. XESÚS PONTE

Nuria echó sus cuentas y decidió solicitar en 2008 uno de los Préstamos Renta Universidad ofrecidos por el Gobierno para completar sus estudios de Turismo con un máster en A Coruña. Pero hizo los cálculos con las condiciones de la convocatoria de 2007 —la primera de las cuatro que hubo—, que fueron las que le "vendieron" hasta en el banco aunque ya habían cambiado. Y después, cuando buscó el trabajo que esperaba encontrar con su formación, se topó con un mercado laboral duramente castigado por la crisis que hasta ahora le ha ofrecido sobre todo empleos temporales de camarera. Así es que esta gallega lleva cuatro años pagando 160 euros al mes con la ayuda imprescindible de su marido para devolver el crédito pese a estar lejos de cumplir lo que creía un requisito para comenzar a recibir las letras del banco, porque lo era en 2007: contar con una renta anual de al menos 22.000 euros.

El caso de Nuria no es aislado, como demuestra la orden de embargo conocida esta semana para otra titular de uno de esos préstamos —y finalmente paralizada— o el simple hecho de que existe desde hace años una plataforma de afectados. También lo confirman sus datos. El colectivo estima que más de la mitad de las personas que accedieron a esa vía de financiación entre 2008 y 2011 "o no están pagando o lo hacen con dificultad" porque se encuentran en paro o tienen salarios "ínfimos". Son miles de personas.

No en vano, en las cuatro convocatorias que tuvo el programa, contando también la de 2007 —que "no es problemática"—, se concedieron 15.600 créditos, medio millar en Galicia, según la plataforma. Fue el resultado de una iniciativa canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (Ico) que impulsó el Gobierno socialista y eliminó el popular en 2012.

Cartel promocional de los préstamos. EPEl objetivo de unos créditos que el Ejecutivo destacaba que ya habían "experimentado con éxito" otros países del entorno era facilitar a los graduados universitarios el acceso a estudios de posgrados y que "ninguno quedase excluido por razones económicas", con un pago inicial y la opción de una renta mensual. La asociación calcula que el importe medio concedido ronda los 20.000 euros.

Un mercado laboral dañado por la precariedad y el paro ha complicado la devolución, pero los prestatarios dicen que ese no es el único problema. Según aseguran, después de la primera convocatoria "faltó información" sobre las nuevas condiciones de los préstamos, que fueron cambiando. Y eso provocó que —apuntan— muchos se metiesen en un crédito que en realidad no era como pensaban.

DESINFORMACIÓN. Es lo que denuncia Nuria, que asegura que cuando ella firmó su préstamo se "promocionaban" los requisitos de la orden de 2007, que establecía que se comenzaría a devolver tras superar el umbral de los 22.000 euros de renta. Además, recogía que la deuda se extinguiría a los 15 años. Por eso, cuando se cumplió el lustro de carencia del crédito —el margen que daba el programa antes de tener que empezar a devolver el dinero—, acudió a una oficina de su banco, el Santander, y creyó lo que le dijeron: "Que como no cobraba los 22.000, nada". Que no tenía que pagar. La "sorpresa" llegó al mes siguiente, cuando le pasaron la primera letra.

"Con las condiciones que me vendieron aún no estaría pagando ahora", asegura Nuria. Es más, "si me dijeran que a los cinco años tenía que pagar el crédito sí o sí, no lo hubiera pedido", explica la joven, que, tras trabajar mientras cursaba la carrera, buscaba en esa financiación el apoyo económico que necesitaba para centrarse en el máster en Dirección y Planificación del Turismo y en lo que era entonces el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). La falta de información sobre el contrato —que dice que ni le leyeron en el notario— incluso impidió que solicitase un aplazamiento para iniciar el pago al que sí tenía derecho y la llevó a contratar un seguro de vida que le dijeron que era obligado.

"Con 20 años no estás muy espabilado para esas cosas y te fías", dice Nuria. Con 30, y tras pagar durante cuatro con ayuda mientras prepara oposiciones, le queda por delante la devolución de 20.000 euros, y sabe que hay prestatarios "muy muy agobiados". ¿Qué pide? "Poder devolverlo si cobro los 22.000 euros anuales, aunque se cuente toda la familia. Estaría encantada de tener un salario con el que pudiese pagar", dice.

La plataforma dice que los bancos se "extralimitan"
La plataforma de afectados apela a la implicación y "sensiblidad" de un Ministerio de Educación ante el que ya presentó una reclamación en 2016 para pedir "un verdadero préstamo renta", de modo que se pague cuando se tengan los "ingresos mínimos suficientes". A la espera, Miguel Ángel Llamas, el abogado de la asociación, asegura que "los bancos se están extralimitando" con quien tiene deudas.

"Al ser préstamos concedidos con dinero público solo el ministerio puede exigir su devolución. Sin embargo, los bancos están reclamando a los prestatarios, les cobran intereses de demora e incluso incorporan a los afectados en ficheros de morosidad", dice.

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