Colectivos vecinales, en guerra por la desconexión de hogares aún sin fibra

Esgrimen que la ley obliga a las compañías a ofrecer servicios de internet y telefonía hasta completar la migración desde el cobre ante el cierre de la red y piden al Gobierno que interceda
Un operario instalando fibra. AEP.
photo_camera Un operario instalando fibra. AEP.

El cierre del cobre toca a su fin en España sin que muchos hogares tengan instalada todavía la fibra óptica. Así es que hay usuarios que se están quedando sin servicio de internet y telefonía de un día para otro, sin recibir aviso previo ni una solución. En enero, 444.000 clientes aún tenían ADSL. Aunque el proceso de migración se aceleró en los últimos meses ante la inminente desaparición total del cobre, la fibra no cubre a día de hoy a toda la población. Y el plazo se agota, pues mañana es la fecha marcada por Telefónica para culminar el apagón.

Con ese telón de fondo, colectivos vecinales han alzado su voz para reclamar que nadie se quede desconectado. Esgrimen que la ley obliga a las compañías a ofrecer servicios temporales o transitorios a los usuarios que no tengan todavía la instalación de fibra concluida. Ante esta situación, la Confederación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro y su homóloga a nivel estatal (Ceav) han enviado sendas misivas al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, para exigir que se cumpla la legislación y se impida el corte de los servicios.

Advierten que, además que dejar sin telefonía e internet a los usuarios sin fibra, el apagón puede conllevar la pérdida del número de teléfono fijo. Recuerdan que para muchos usuarios que residen en zonas rurales -sobre todo de la España vaciada-, personas de avanzada edad o con problemas de salud y movilidad supone "la vía única de conexión" con los servicios sanitarios. "Las consecuencias en estos casos podrían ser vitales y, por tanto, de extrema importancia y gravedad", avisan.

Demora

Estos colectivos aseguran tener constancia de "numerosos ejemplos" de usuarios a los que Telefónica, propietaria de las centrales de cobre, no les notificó el cierre, "incumpliendo la legislación actual". Comparten el caso de los vecinos de la parroquia de A Veiga de Cascallá, en el concello ourensano de Rubiá, donde, en una consulta reciente realizada a la jefatura provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Ourense, "se reconoce oficialmente el retraso en la instalación de la fibra óptica en esa zona y se estima que nos será posible concluir la misma hasta el mes de julio". Son, esgrimen, "causas totalmente ajenas a los usuarios" las que les dejarán sin conexión. "Existen muchos más ejemplos, lamentablemente", dicen.

Así las cosas, piden al Gobierno que interceda para evitar que "miles de vecinos y vecinas a lo largo de Galicia y de toda España se vean privados" de unos servicios considerados esenciales.

Una situación que también han trasladado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, y al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Según datos publicados en marzo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en Galicia había algo más de 100.000 hogares con servicios contratados en cobre y expuestos, por tanto, al aislamiento si no han completado la migración a la fibra.

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