Los cambios introducidos en la factura de la luz el 1 de junio para incitar a los hogares a trasladar su consumo a la madrugada, fines de semana y festivos nacionales para ahorrar algo siguen alimentando la polémica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha destapado que varias comercializadoras del mercado libre han inflado —en algunos casos hasta en un 30%— una parte del recibo que no tenían que haber tocado: el coste de la energía, que ya está por las nubes.
En línea con lo que aconteció para los usuarios del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), las eléctricas tenían el deber de adaptar los contratos exclusivamente en la parte ligada a los componentes regulados. Esto es, la que engloba los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, que fija la CNMC, y los cargos que establece el Gobierno y que suponen repercutir conceptos como los incentivos a las renovables, los pagos por capacidad, las ayudas de la interrumpibilidad a las industrias electrointensivas, o las anualidades por el déficit que arrastra el sistema eléctrico.
Estas maniobras fueron detectadas por el organismo que preside Cani Fernández en el transcurso del seguimiento que realizó para comprobar la adaptación de los contratos. En un primer análisis, solicitó información a las 25 comercializadoras con mayor cuota por número de suministros en baja tensión en el mercado liberalizado (copan el 91%). Les pidió información sobre los precios facturados antes y después del 1 de junio a clientes elegidos aleatoriamente.
Según los últimos datos del superregulador, en el tercer trimestre se contabilizaban 18,69 millones de contratos sellados con comercializadoras libres en España frente a 10,9 millones de la PVPC. Galicia, que sigue siendo la única comunidad en la que el mercado regulado tiene mayor peso y donde los consumidores son menos propensos a cambiar de contrato, contaba con 1,85 millones de puntos de suministro con PVPC frente a 780.207 con tarifas liberalizadas.
La investigación de Competencia permitió constatar que, aunque "la gran mayoría" de las energéticas trasladaron adecuadamente la variación en los nuevos peajes y cargos, un grupo aprovechó para introducir, además, "un incremento en el coste de la energía". La cuestión es que "solo puntualmente" algunas empresas informaron "de manera transparente y comprensible" al cliente enviando una comunicación específica y recordándole la posibilidad de rescindir el contrato sin penalización.
En el resto de casos, el cambio se hizo de forma encubierta, indicando únicamente al usuario que se había procedido a adaptar el recibo para recoger la variación de los componentes regulados. Y lo más flagrante fue que en algunos recibos el término de energía medio facturado llega a ser un 30% superior a lo que correspondería, indica Competencia, que eludió revelar la identidad de las compañías.
En consecuencia, el ente les ha ordenado que refacturen a sus clientes, apliquen el precio que corresponde de acuerdo a los nuevos peajes y cargos e informen de manera «transparente». El 29 de julio, en la fecha de emisión del informe, «muchas comercializadoras» ya realizaban regularizaciones.
La CNMC, que ahora analiza información de 18 compañías más, avisa a las eléctricas que no hagan lo que toca de que emprenderá acciones en su contra ya que estas infracciones son consideradas graves y llevan aparejadas multas de hasta 6 millones, siguiendo la Ley del sector eléctrico.
La CNMC centró el estudio en el mercado libre —para el que en abril dictó unas recomendaciones sobre la aplicación de los cambios— visto que, para los usuarios de la PVPC, la forma de adaptar los contratos ya se detalló por decreto.
Además, recomienda a los hogares con contrato liberalizado que "comprueben si su comercializadora les comunicó de forma adecuada" la aplicación de los nuevos peajes y cargos. En caso de que fallase la transparencia, la organización aconseja reclamar la aplicación de la tarifa correcta y "la devolución de las cantidades cobradas de más".
También dirigió un escrito a Competencia Facua, que tacha de "inaceptable la falta de transparencia" del ente que preside Cani Fernández por no desvelar la identidad de las compañías que "inflaron ilegalmente el precio de la energía, aprovechando la adaptación de las facturas a los nuevos tramos horarios".
