El casero podrá subir el alquiler un 10% si firma por diez años o reforma la vivienda

La ley complicará el desalojo de okupas considerados vulnerables 
Cartel de 'se alquila'. EP
photo_camera Cartel de 'se alquila'. EP

La futura ley de vivienda establece, como norma general, que en las zonas que se declaren tensionadas por los precios del alquiler los caseros tendrán un límite a la subida de la renta en su actualización anual que será del 2% este año y del 3% en 2024, a partir de cuando se aplicará un índice todavía por definir. Sin embargo, si el propietario firma un nuevo contrato con una duración de al menos una década, podrá encarecer la mensualidad hasta un 10% sobre el importe vigente en los últimos cinco años. Y también si la vivienda fue rehabilitada en los dos años anteriores y esas obras cumplen ciertas condiciones de eficiencia energética y mejora de la accesibilidad.

Estas excepciones no se aplicarán si el dueño del piso es un gran tenedor —posee cinco o más inmuebles— o si la vivienda es nueva en el mercado del alquiler, esto es, si no tuvo inquilinos en los últimos cinco años.

Así figura en el proyecto de ley de vivienda que aprobará previsiblemente este jueves el Congreso, en el que PSOE e Unidas Podemos, junto a otros grupos, siguen introduciendo cambios y novedades.

Uno de ellos parte de una enmienda que los socios de Gobierno pactaron el jueves con otras fuerzas como ERC, Más País o el BNG para dificultar el desalojo de personas vulnerables que ocupen viviendas propiedad de grandes tenedores o no paguen el alquiler. Con el nuevo marco, el propietario que inicie trámites para recuperar su inmueble deberá acreditar si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual. En el caso de los grandes tenedores, tendrán además que indicar si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad a partir de una evaluación realizada por los servicios de vivienda autonómicos y locales, y previa autorización del propio ocupante, según adelantó El Mundo. A estos propietarios con cinco o más viviendas se le cancelarán todas las demandas en las que se no se acredite que han intentado un proceso de conciliación o intermediación.

Con ese telón de fondo, el PP acusó ayer a Pedro Sánchez de ser un "chollo" para los okupas con la ley de vivienda, que no descarta recurrir ante el Constitucional.

Frente a las críticas, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, negó que ese enmienda suponga facilitar la okupación, y llamó a "no confundirla" con una "política pública de vivienda pensando en los que tienen más dificultades". Al respecto, desde Podemos alegan que el objetivo es simplemente dar protección a colectivos vulnerables ante casos de desahucios sobrevenidos sin alternativa habitacional. Defienden que la okupación "no es un problema real", sino algo "muy puntual".

A falta de conocer el texto definitivo, el proyecto normativo también recoge otra novedad: la prohibición de pagar la renta al casero con dinero en metálico. Habrá excepciones: que una de las partes no tenga cuenta bancaria ni acceso a medios de pago electrónicos.

ESFUERZO. El alquiler se come cada vez más salario. Lo constata un estudio elaborado en base a datos de Fotocasa e Infojobs, según el cual los gallegos ya destinan de media el 35% de su nómina a pagar la renta al casero. Se trata de la ratio más alta de la última década.