La firma textil Caramelo presentó este viernes en el juzgado mercantil de A Coruña la comunicación en la que solicita que se archive la solicitud de preconcurso de acreedores, un proceso que inició el pasado 13 de junio cuando pidió el amparo de la ley concursal.
Según informó en un comunicado la empresa propiedad de Manuel Jove, esta decisión es consecuencia de los acuerdos alcanzados con los acreedores y responde ''al interés de la compañía por sacar adelante la firma''.
La retirada del concurso llega un mes después de que el pasado 14 de agosto un total de 234 trabajadores de Caramelo se adscribiesen de forma voluntaria al expediente de regulación que afectó a 237 empleados de la fábrica del polígono de A Grela, en A Coruña.
Del total de voluntarios, el 90% ya estaba en la lista original de despedidos elaborada por la compañía al presentar el ERE dentro de su plan de viabilidad. Los tres que quedan hasta alcanzar la cifra de 237, serían completados por la dirección de Caramelo, según consta en las bases del acuerdo del propio ERE, autorizado por la Xunta en esa misma semana.
La firma textil informó este viernes de que, a pesar de que aún se encuentra en una situación financiera ''delicada'', está dando los ''pasos necesarios'' para recuperar la competitividad.
55 millones de pérdidas
En este sentido, explica que un equipo de gestores liderado por Sergio Monticone, máximo ejecutivo de la empresa y experto en análisis, diagnóstico y ejecución de planes de negocio de empresas y, especialmente, en reposicionar compañías en crisis, ha iniciado las labores para ahondar en la implantación del Plan de Viabilidad.
En este marco, se ejecutó el ERE en agosto, se llegó a un acuerdo con las entidades bancarias para refinanciar la deuda y se adelgazó la estructura de costes de la empresa, también renegociando las condiciones de los alquileres de las tiendas.
Antes estas nuevas condiciones, Caramelo decidió retirarse del concurso de acreedores y, según recalca, apostar por reflotar la firma que arrastra unas pérdidas de 55 millones de euros, a los que hay que añadir ''el gran daño de imagen que el conflicto generado por el ERE ha provocado'', apunta.
