"Tengo alumnos que me dicen que, hoy por hoy, les resulta mejor trabajar como cajeros en un supermercado que en una oficina bancaria porque el sueldo es prácticamente el mismo, tienen menos responsabilidad, socialmente están mejor valorados y no tienen que estar llamando por teléfono a un cliente para venderle algo que no necesita". Es la radiografía de una profesión que se ha precarizado que hace el profesor de Economía Aplicada en la Universidade da Coruña, Manuel Octavio Del Campo Villares, que augura un futuro incierto para los trabajadores que perderán su empleo como consecuencia de los Ere que están sobre la mesa.
A juicio del experto, los perfiles que tendrán "más fácil" recolocación serán los directivos con una buena cartera de clientes o interventores con experiencia. En cambio, los jóvenes que lleven poco tiempo en sus puestos y el personal que no haya tenido un gran recorrido profesional tendrán más complicado mantenerse en el sector, a no ser que se decanten por alternativas como la venta de seguros y otros productos financieros en un call center.
Con él coincide Carmen Méndez Judel, responsable del departamento fiscal de Caruncho, Tomé & Judel, que sostiene que, en general, "esta reconversión afectará a mayores de 50 años a los que tocará formarse en el mundo que viene" para evitar "quedarse fuera del mercado laboral".
Los nuevos ajustes llegan espoleados por la pandemia después de un 2020 en el que los bancos españoles perdieron 6.955 millones, mientras las entidades herederas de las cajas de ahorros vieron contraerse un 37% las ganancias, hasta los 2.155 millones. Los informes de las patronales AEB y Ceca revelan que el año pasado la partida de gastos de personal ya se contrajo un 13% en términos globales en los bancos, que destinaron 18.700 millones, un recorte que en el caso de las instituciones financieras que surgieron de las cajas fue del 14,8% al reducirse a 5.888 millones.
ALTERNATIVAS. En este contexto, pese a constatar que, "en términos cuantitativos", la vía más efectiva para aplicar un buen tajo al gasto es cerrar oficinas y prescindir del personal, el profesor Del Campo Villares llama a no perder de vista que existen más opciones. Entre las que pone sobre la mesa está prestar "servicios complementarios a la administración pública cobrando un precio regulado" a los consumidores. "De esta forma se aprovecharía un personal que está muy cualificado", indica el experto, convencido de que no porque desde Europa se defienda un modelo bancario "muy digital y de atención telefónica o con cita previa" España debería claudicar sin más, en detrimento del segmento de la población que no maneja las nuevas tecnologías.
Precisamente, esta semana la patronal bancaria AEB aseguró que todavía queda margen para ajustar más la red y el empleo visto que España sigue siendo uno de los países que más sucursales tiene por número de habitantes. Un reciente estudio de Credit Suisse cifra el promedio en 56 puntos de atención por cada 100.000 ciudadanos, mientras la Eurozona se maneja con 20.
PONER COTO A LOS BONUS. Ante la carrera por ganar rentabilidad en el sector, la economista Carmen Méndez, de su lado, sostiene que otra vía para contribuir a mejorar el margen comercial reduciendo los costes fijos sería aplicar la tijera a lo que cobran los directivos. En una coyuntura en la que España carga con 3,95 millones de parados registrados y con otros 650.000 asalariados envueltos en un Erte, la idea también ha calado en el Gobierno. De hecho, la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha instado al Banco de España a supervisar los salarios y bonus que cobran los ejecutivos, que alcanzan los siete dígitos entre retribución fija, variable y aportaciones a planes de pensiones, en algunos casos.
Con el repliegue de los grandes bancos, el profesor Del Campo Villares apunta que Abanca puede salir ganando y sumar clientes
EXCLUSIÓN FINANCIERA. Y visto que el brutal ajuste de la capacidad instalada eleva "el riesgo de exclusión financiera" principalmente en el interior de Galicia por la baja densidad de población y por "la falta de competencias digitales" de muchos clientes, Méndez Judel incide en que será necesario incrementar la apuesta por las oficinas móviles itinerantes.
Dando un paso más, el profesor Del Campo Villares echa en falta que los ciudadanos tomen conciencia de la situación y "reclamen los servicios". A su juicio, tanto diputaciones como concellos deberían presionar para evitar cierres sumando fuerzas. El modelo a defender debería ser el de velar por que al menos las cabeceras de cada comarca mantengan sucursales de varias entidades competidoras y que desde estos puntos se articule "una atención móvil" a los municipios más pequeños pautando unos días fijos a la semana.
Fruto de la intensa transformación, la comunidad ha pasado de contar con una sucursal por cada 1.111 habitantes en 2008, cuando arrancó la reestructuración de las cajas, a que toque a una por cada 2.198 en la actualidad.
En este escenario, el modelo de Abanca, que con sus 477 sucursales —24 menos que a cierre de 2019— y sus dos buses-oficina calcula que da cobertura al 98% de la población gallega, es el que puede salir ganando con el repliegue de sus competidores. "Le están haciendo un favor", expone el profesor de la UDC, que augura que, por su "potente red", la entidad heredera de las cajas "va a poder recuperar clientes en el rural e incluso en las ciudades".
