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Cuatro de cada diez concellos pagan a sus proveedores fuera del plazo legal

La ley fija en 30 días el plazo máximo de pago para el sector público. ARCHIVO
La ley fija en 30 días el plazo máximo de pago para el sector público. ARCHIVO
La provincia de Ourense copa 37 de los 99 concellos que abonan sus facturas por encima de los 30 días que estipula la ley de morosidad

Apretados por la brusca caída de los ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria, multitud de pymes y autónomos siguen cargando con otra de las losas arraigadas en la economía española: los dilatados plazos de pago en el ámbito público y privado. Con el debate sobre la fijación de un sistema de sanciones de vuelta en el Congreso, se trata de un problema endémico en un país en el que los ayuntamientos y entes locales abonan las facturas de sus proveedores en una media de 70,35 días, mientras que las comunidades responden en 34,77 y la administración central, en 35,47, esto es, por encima de las 30 jornadas que fijó la ley de morosidad como máximo a partir de 2013 para el sector público. 

Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, con fecha de septiembre, 99 de los 271 concellos que actualizaron su información superaban ese tope y, en conjunto, acumulaban en los cajones facturas pendientes por valor de 52,15 millones de euros, esto es, el 58% de la deuda comercial de los municipios gallegos que rindieron cuentas. En el conjunto del Estado, el importe global de los pagos pendientes superaba al cierre del tercer trimestre la friolera de 2.200 millones a nivel local. 

ProvedoresSin llegar a los extremos de Revilla de Collazo (Palencia) y de Cortes de la Frontera (Málaga), donde los autónomos y pymes soportan plazos de pago de un promedio de 1.930 y 1.315 días, esto es, más de cinco y tres años, respectivamente, el municipio gallego peor posicionado es el ourensano de A Gudiña, donde cobrar por la prestación de un servicio exige esperar unos 621 días.

En la provincia se encuentra también el segundo peor pagador de Galicia: A Bola (567 días), en tanto que en el tercer puesto figura Vilanova de Arousa (419,7 días). En septiembre de 2019 ya se encontraban entre los siete peores alumnos, aunque entonces la palma se la llevaba el municipio ourensano de Pobra de Trives, donde la dilación rebasaba los dos años (759 días).

El año pasado eran 104 los municipios que no se ajustaban a los 30 días que marca la legislación como tope y, en conjunto, adeudaban unos 71 millones de euros. La ley fija en 30 días el plazo máximo de pago para el sector público.  

Entre tanto, los que menos tardan en pagar son Lobeira, que no llega ni a un día (0,14) y Ribeira de Piquín (0,42).

El Congreso tramita una nueva regulación con un régimen de multas de hasta un millón para los incumplidores en el sector privado

Los datos revelan que la provincia de Ourense es la que concentra el mayor número de municipios incumplidores. Eran 37 al término del tercer trimestre, esto es, prácticamente cuatro de cada diez. Por detrás se sitúan A Coruña, con 28; Pontevedra, con 18 y Lugo, con 16 municipios que saldan sus deudas por encima de lo que establece la ley. 

En 2019, la proposición de ley por la cual se iba a establecer un régimen de sanciones para aquellos que vulnerasen los 30 días en el pago de operaciones comerciales en la esfera pública y los 60 en la empresa privada quedó en stand by por el adelanto electoral de abril. Ahora, el debate se ha reabierto. En septiembre, el Congreso validó iniciar la tramitación de un nuevo texto que recoge multas de hasta un millón de euros que podrán tramitar tanto el Estado como las autonomías.

Además, la norma impulsada por Junts per Catalunya prevé que las sanciones y la identidad de los infractores se hagan públicas y que, a mayores, se penalice a las empresas reincidentes vetándoles el acceso a contratos con el sector público, la obtención de subvenciones y de financiación del Instituto de Crédito Oficial y dejándolas sin deducciones en el IRPF y en el impuesto de sociedades.


El 81% de las grandes firmas salda sus cuentas a más de 60 días 
El último informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad apunta que, en el sector privado, las empresas pagaron a sus proveedores en 2019 en una media de 73 días. Aunque la referencia se redujo en ocho jornadas desde 2018, supera los 60 días que marca la ley. El estudio, elaborado en base a una encuesta realizada entre enero y febrero y que obtuvo unas 800 respuestas, indica que solo un 19% de las grandes firmas (las que facturan más de 50 millones) cumple. 

65% 
Es la ratio de empresas a las que sus contratistas exigen soportar plazos superiores a 60 días.

 

Enrique Sáez Ponte: "En plena crisis, pagar más rápido es lo mejor que pueden hacer las administraciones"

Ante una crisis sin precedentes, el economista coruñés y cofundador de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Enrique Sáez, incide en que "una de las mejoras" que deberían implementar las administraciones es "pagar más rápido". "Es una forma de inyectar dinero que mejora la solvencia del país y la viabilidad de pymes y autónomos". A su juicio, con la llegada de los fondos de la UE, Gobierno central y autonomías deberían "forzar" a municipios y entes públicos a estar al día con sus proveedores. 

Ante unos datos que indican que, de las siete ciudades, Ourense es la peor pagadora con una media de 125,4 días, en contraste con Lugo (10,6), Vigo (11,4), Pontevedra (19,08) y A Coruña (26,3), que sí cumplen, Sáenz apunta a una "dinámica" por la cual los concellos del norte "pagan mejor". Para el expresidente de la Unión de Almacenistas de Hierros de España, esto guarda relación con la escasa "industrialización". 

A su juicio, el poder de las grandes constructoras y el hecho de que a los bancos les beneficia "el negocio de financiar circulante" con productos como el confirming dificultan atajar una lacra que frena la expansión de las pymes.

Cuatro de cada diez concellos pagan a sus proveedores fuera del...
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