Un total de 145 concellos se han adherido al programa impulsado por la Vicepresidencia económica de la Xunta a través del cual se busca captar inversión empresarial con ‘ganchos’ como los incentivos fiscales, el suelo industrial a precios competitivos, la eliminación de tasas municipales y una agilización de la burocracia. En la provincia de Lugo, 21 de los 67 municipios se adhirieron al convenio firmado en octubre de 2017 con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), esto es, uno de cada tres (31,3%). Es el territorio en el que menos ayuntamientos han dado el paso. En el polo opuesto, en Ourense se han subido al carro el 72%, esto es, 66.
Sumarse a esta red tiene ventajas, pues la Xunta concede prioridad a los entes locales en las convocatorias de subvenciones para inversiones relacionadas con la industria, el empleo y el emprendimiento. Según el departamento que dirige Francisco Conde, en 2020, los municipios ‘emprendedores’ sumaron puntos en órdenes de ayudas en las que estuvieron en juego 63 millones de euros, entre ellas la de la Risga o los programas integrados de empleo. Por ejemplo, de las 51 administraciones locales beneficiarias de apoyos para mejorar parques empresariales, 38 tenían el sello ‘Emprendedor’.
Desde el pasado febrero, esta figura se ha consolidado con la aprobación en el Parlamento de Galicia de la Lei de simplificación administrativa e de apoio á economía de Galicia, que busca allanar la implantación empresarial. A cambio del trato especial que los gobiernos locales reciben en las convocatorias de ayudas, se comprometen a adoptar medidas como bonificar hasta el 95% la cuota del impuesto de bienes inmuebles (Ibi) que se cargue a las instalaciones de las compañías que creen más de 20 empleos. El incentivo será del 75% cuando sostengan entre 11 y 20 puestos y de un mínimo del 50% si se ficha a hasta diez personas.
A mayores, se comprometerán a eximir de la tasa por licencia de obra y por apertura a todos los proyectos que impliquen un nuevo negocio o la ampliación de uno ya existente, siempre y cuando se genere más ocupación en los campos de la industria y la innovación. En cuanto al plazo para la concesión de licencias de obra mayor, no podrá exceder los 30 días naturales desde que el concello disponga de todos los informes preceptivos. A esto se suma la obligación de facilitar suelo industrial con "prezos competitivos", fijar bonificaciones e incorporar la figura del derecho de superficie.
