El BNG ha reclamado este lunes un "frente común de las fuerzas soberanistas y progresistas" con representación en el Congreso para mejorar la reforma laboral aprobada la pasada semana en el Consejo de Ministros, al considerar que no es una "derogación real" del texto elaborado por el PP en 2012. Así las cosas, contactará con formaciones como ERC o EH Bildu —que comparten el rechazo al texto— para presentar enmiendas a lo que considera una "decepcionante" reforma.
La norma necesita convalidarse en el Congreso de los Diputados y, por ello, la líder del BNG, Ana Pontón, ha considerado en rueda de prensa que se debe emplear el proceso parlamentario para "exigir" al Gobierno que cumpla con la derogación de la norma del PP, que —apunta— fue uno de los principales compromisos adquiridos por el PSOE y por Unidas Podemos.
"La derogación de la reforma laboral del PP depende de lo que se haga las próximas semanas en el Congreso. Hay un recorrido en el que podemos trabajar" para que la modificación de la norma no se quede en un "lavado de cara que no soluciona los problemas estructurales" del mercado laboral, ha incidido la líder nacionalista, que ha estado acompañada por el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y por el secretario general de CIG, Paulo Carril.
En esa línea, critican que se mantiene el abaratamiento del despido, no se recupera la autorización previa de la autoridad laboral para los Ere y hay una prevalencia de los convenios de ámbito estatal, al tiempo que prevalece el convenio de empresa sobre el de sector (salvo en el caso de los salarios).
A juicio de Pontón, "es muy grave" que un Consejo de Ministros "en el que se sientan personas que se declararon el Gobierno más progresista de la historia" opte por "mantener" una legislación laboral que supuso "la pérdida de derechos, más temporalidad y más precariedad" para los trabajadores.
El Bloque contactará con formaciones como ERC o EH Bildu para presentar enmiendas
Además, según la portavoz del Bloque, el texto aprobado por PSOE y Unidas Podemos supone una "claudicación ante la CEOE y la patronal" pero también ante la Unión Europea porque se cumplen las peticiones de Bruselas a cambio "de unos fondos Next Generation que solo servirán para engordar los bolsillos de las empresas del Ibex 35".
Por ello, para Pontón es importante trabajar para evitar que se deje "intacta" la reforma de 2012 como pretende el Gobierno a través de una modificación que es un "parche" que puede suponer una "oportunidad perdida" en la recuperación de los derechos de los trabajadores.
En la misma línea, Néstor Rego ha cargado contra la "modificación" acometida por el Ejecutivo de coalición por ver "evidente que no es una derogación porque cambia muy poquitas" cosas y, sobre todo "y lo más grave, mantiene los elementos más lesivos de la reforma del PP".
En ese punto, demanda que se tramite como proyecto de ley en vez de como decreto, de modo que haya posibilidad de una modificación "en positivo". Y confía en que la "presión social y política" acabe conduciendo a que el PSOE, Unidas Podemos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "se vean obligados a derogar realmente la reforma laboral".
Por último, el secretario general de CIG, Paulo Carril, ha asegurado que pese a los anuncios del Gobierno sobre las ventajas del nuevo decreto, de trata de "cambios inexistentes" en los derechos laborales porque se mantienen un "mercado laboral con despido casi libre" y un "marco permanente de temporalidad e inseguridad" porque "simplemente se cambia el nombre de los contratos".
"En absoluto significa ninguna restitución de derechos" puesto que "se mantiene el poder total de la patronal" y no se han producido cambios en aspectos como los convenios por lo que sigue prevaleciendo el de empresa y no el de sector, ha detallado el sindicalista.
