La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Víctor Domenech contra la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras 18 personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en la venta de las plantas en Avilés y A Coruña.
En un auto fechado el 12 de febrero, la titular del juzgado central de instrucción número 3, María Tardón, explica que en un "momento procesalmente tan temprano" no es posible afirmar si hubo o no hecho delictivo; lo que trata la instrucción es precisamente "comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia".
Los hechos expuestos en la querella pueden ser delictivos, añade la magistrada, de ahí que a ella corresponda investigarlos "dando además oportunidad a los querellados para comparecer en las actuaciones".
La querella fue admitida a trámite en diciembre del pasado año, y en ella la CCP atribuye a diez personas físicas y nueve jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica LC SL, Parter Capital Group, Grupo Industrial Riesgo y el propio Domenech, presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés (Asturias) y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
La compañía justificó entonces su decisión dados los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio. Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de A Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018.
El escrito relata el proceso de venta y concluye que "los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo".
Al mismo tiempo, se habrían incumplido las cláusulas de contratación, lo que determinaría la liberación de Alcoa de la obligación de invertir -en el acuerdo asumía un desembolso de 95 millones de dólares a pagar en 21 meses desde la venta, para el mantenimiento de la plantilla (coste salarial aproximado de unos 42,5 millones de euros anuales).
