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La Audiencia cree que Parter y Riesgo saquearon las factorías de Alu Ibérica

Protesta de los empleados de Alu Ibérica A Coruña, el pasado mes de febrero. CABALAR (EFE)
Protesta de los empleados de Alu Ibérica A Coruña, el pasado mes de febrero. CABALAR (EFE)
Interviene cautelarmente los centros de A Coruña y Avilés ante los indicios que apuntan a que el fondo suizo desvió 13 millones de las plantas al actual dueño para que después se los transfiriera simulando que era el pago por comprarlas

El polémico cambio de manos de las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés cuando pasaron del fondo suizo Parter a Grupo Riesgo en marzo de 2020 vuelve al primer plano. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha decretado la intervención judicial de ambas factorías —lo que implica apartar de la gestión a los actuales administradores—, ante las evidencias de que Parter y Riesgo se aliaron para "detraer" millones de euros de capital de los centros de producción.

En un auto fechado el 27 de abril, la magistrada justifica esta medida cautelar para evitar que mientras se dirime el procedimiento judicial abierto "las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la hasta el momento indiciaria actuación de descapizalización y despatrimonialización" de las plantas y sociedades satélite.

¿Cómo actuaron las empresas señaladas? Parter se hizo en verano de 2019 con las plantas que pertenecían a Alcoa tras meses planeando sobre ellas el cierre. Pagó un precio simbólico de un dólar y comprometió unas garantías de empleo e inversiones para reanudar la actividad. Aseguró que llegaba para permanecer al frente de las factorías, rebautizadas con el nombre de Alu Ibérica, al menos por dos años, pero no había pasado ni un año cuando en marzo de 2020 revendió las instalaciones — exactamente el 74,67% del capital de Alu Ibérica— por 13 millones de euros a Riesgo, al que Alcoa había descartado antes como candidato para quedarse con las plantas.

Parter abonó un dólar por las fábricas a Alcoa y las revendió a Riesgo por 13 millones de euros apenas ocho meses después

En realidad ese grupo nunca pagó ese dinero de su bolsillo, sino que salió de las propias factorías y acabó en manos de Parter. El fondo suizo, como administrador de las plantas en aquel momento, le "prestó" al actual dueño los fondos que pertenecían a los centros de producción antes de materializarse la venta. Eso significaría que Riesgo no desembolsó ni un euro y que Parter se apropió de 13 millones que eran de las instalaciones. La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional concluye que esa operación "evidenciaría la descapitalización" de las antiguas factorías de Alcoa, con el desvío de capitales "en beneficio" del fondo de inversión helvético y actuando Riesgo como "canal". Tardón remarca que, con la instrucción en un estado inicial, esto "no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial" de los centros, lo que contribuye a la "imposibilidad de reflotarlos".

Pone de relieve, además, que los suizos vendieron las plantas al grupo industrial que dirige Víctor Rubén Domenech "incumpliendo de forma meridiana los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial", la multinacional norteamericana Alcoa, que incluían compromisos como mantener los cerca de 700 puestos de trabajo por al menos dos años —que expiran el próximo 31 de julio— y garantizar la viabilidad de las factorías. Alcoa llegó a recriminar a Parter que estaba infringiendo el pacto de venta cuando las instalaciones ya estaban bajo el control de Riesgo, sobre el que la jueza dice en su auto que "no consta que acumule experiencia alguna en el sector productivo del aluminio".

Tardón indica que los hechos que se investigan en el marco de esta causa pueden ser constitutivos de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y blanqueo de "los ilícitos capitales detraídos". El origen del procedimiento está en una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales por presuntas irregularidades en la venta de las factorías.

GESTIÓN. Las plantas podrán seguir adelante con su actividad, pero la magistrada interviene la gestión durante al menos seis meses. Se designarán como administradores judiciales funcionarios de la Intervención General de Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social. Estos deberán autorizar todo pago o movimiento de dinero cuya cantidad supere los 20.000 euros, además de cualquier operación en las sociedades.

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