El Senado ha aprobado este miércoles, definitivamente y sin modificaciones, la Ley de Desindexación de la economía española por la cual se eliminan las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector público.
El pleno del Senado ha rechazado además dos propuestas de veto del Grupo Mixto y de Entesa del Progrés de Cataluña y otras 41 enmiendas de la oposición al texto, por lo que el proyecto de ley ha quedado definitivamente aprobado al no haberse modificado durante el trámite en la Cámara Alta.
El texto sostiene que frente a los incrementos automáticos de precios en el sector público en función del IPC, ahora las subidas deberán estar justificadas por el aumento de los costes de servicio. Con ello se espera evitar los efectos de "segunda ronda", es decir, las alzas de precios de ciertos productos que repercuten directamente sobre otros sin ninguna relación entre sí.
Durante el debate, el representante de Entesa, Jordi Guillet, ha mostrado su preocupación porque este proyecto de ley "arbitrario" sirva "como instrumento para rebajar los salarios de los empleados públicos". "Prescindir del IPC y referenciarse en el Índice de Garantía de la Competitividad (que contempla la ley) va a convertirse en una losa sobre el conjunto de la negociación colectiva y en un instrumento mas de devaluación interna", ha dicho el senador del Grupo Mixto, Jesús Enrique Iglesias, al defender su propuesta de veto.
El senador del PP, Francisco Utrera, ha negado las razones de estos dos vetos y ha argumentando que es más "solvente" utilizar los índices sectoriales, en lugar del IPC, porque esto permitirá tener en cuenta la evolución de los costes específicos del servicio para las subidas de los precios en el sector público. Además ha defendido esta ley, que ha calificado de "reforma estructural", ya que "en modo alguno" influye en la precarización de los servicios públicos al tiempo que servirá como "mecanismo correctivo" para contener la inflación en el futuro.
El parlamentario socialista Joan Lerma ha asegurado que la reforma es "engañosa" y que no aborda las preocupaciones actuales de los precios ni los problemas tradicionales de la inflación en España, entre los que ha mencionado la falta de competencia en los sectores en situación de oligopolio.
Por su parte, la senadora del PNV, María Eugenia Iparragirre, ha afirmado que la ley "es una idea adecuada", pero que "va a aplicarse en mal momento", al referirse a que una medida de esta naturaleza, en su opinión, no tiene sentido cuando el país se encuentra en riesgo de deflación. Y en este mismo sentido se ha expresado el senador de CiU, Ramón Arturo, que ha afirmado que la desindexación puede ser positiva en momentos de "espiral inflacionista", pero que al no darse en este momento en España estas circunstancias su grupo acoge esta ley con "escepticismo".
La mayoría de los grupos de la oposición han lamentado que muchas cuestiones de la ley aún queden abiertas a su desarrollo reglamentario.
Aprobada la Ley que desvincula los precios del sector público del IPC
Algunos grupos muestran su preocupación porque, dicen, puede servir "como instrumento para rebajar los salarios de los empleados públicos"
