La profunda reestructuración financiera ha adelgazado el mapa de oficinas hasta tal punto que de las 45.674 que se contabilizaban en 2008, cuando estalló la anterior crisis, el sector ha pasado a contar con 21.705 a cierre de marzo de 2021. En Galicia, el ajuste también superó el 52%, lo que ha reducido a 1.195 las sucursales. Ante una radiografía que, en paralelo, arroja una merma del 19% de los cajeros automáticos, hasta los 49.481, el Banco de España (BE) constata que "una parte de la población carece de un punto de acceso al efectivo en su municipio y en un radio de cinco kilómetros".
El regulador estima que 340.000 ciudadanos viven en ayuntamientos con una vulnerabilidad alta al no contar con sucursales o cajeros en los que poder realizar movimientos y viéndose obligados a recorrer una media de 9,4 kilómetros. Además, la situación se ve agravada por el hecho de que más del 40% de su población supera los 60 años —un colectivo entre el que los medios de pago electrónicos tienen menor penetración— y cuentan con una media de 400 vecinos.
Según el artículo Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España, de las cuatro provincias gallegas, Ourense es la más perjudicada, con un 4,9% de su población considerada altamente vulnerable, esto es, unos 15.000 ciudadanos. Le siguen Lugo (0,6%), con unos 1.970; A Coruña (0,5%), con 5.600, y Pontevedra (0,1%), con 950. En términos relativos, Zamora, con un 18,7%, es la peor posicionada.
Otro millón de españoles viven en municipios con una vulnerabilidad media, pues tienen unos 0,6 puntos de acceso por cada 1.000 habitantes y deben recorrer una distancia de tres kilómetros para operar con dinero en metálico. Además, se caracterizan por que la renta disponible está por debajo de la media nacional y suman unos 1.700 empadronados, de los cuales el 35% supera los 60 años. En este caso, Ourense y Lugo son las provincias españolas más tocadas, con un 27,2 y un 26,4% de su población considerada de vulnerabilidad media, esto es, unos 83.400 y 86.600 ciudadanos, respectivamente. En A Coruña, la afectación es del 7%, y en Pontevedra, se queda en el 3%.
Sumando los dos supuestos, el regulador concluye que, en todo el Estado, alrededor de 1,3 millones de personas (el 3% de la población) "se encuentran en una situación que puede considerarse vulnerable". Unos 300.400 son gallegos. Y el supervisor asume que la población afectada será "sustancialmente mayor" a la vista de los Ere en curso en la gran banca, pues solo BBVA y CaixaBank cerrarán 2.014 sucursales.
La autora, Diana Posada, constata que la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia está detrás de esta problemática y propone recurrir a soluciones "alternativas a los canales tradicionales" como "complemento". Así, apunta a las oficinas móviles, los agentes financieros y los locales de Correos.
De hecho, la experta señala que, por su capilaridad, la red postal, sumada a las sucursales bancarias y los cajeros pueden cubrir al 99% de los españoles con un punto de acceso al ‘cash’ en un radio de cinco kilómetros. Otras opciones con menos arraigo son la retirada o depósito de dinero en locales comerciales, estancos y en la red de Loterías del Estado.