Una nulidad que puede tener consecuencias

El informe del director de la asesoría jurídica de la Diputación, que confirma la nulidad del acuerdo plenario donde arrancó el proceso de venta de acciones del CD Lugo, alerta sobre las posibles consecuencias que esta invalidación tendría en actos administrativos posteriores. Por eso, apunta que se debe valorar el perjuicio que tendría para terceros si se decide revisar todo el procedimiento.
 

Desde la Diputación quisieron aclarar ayer que se trata de un informe «indiciario» y que no es vinculante. Sin embargo, se ha convertido en una auténtica patata caliente en manos del actual gobierno provincial. Prueba de ello es que anteayer, al tener conocimiento de la existencia de tal documento, tanto el anterior presidente del CD Lugo como el actual acudieron a San Marcos para intentar conocer los pormenores del mismo.
 

¿Qué ocurrirá ahora? Hasta que sea llevado a la junta de Gobierno, posiblemente mañana, no se sabrá cuál es la postura oficial del gobierno provincial. De momento, lo único que recalcan es que este caso está en el juzgado contencioso administrativo y que la Diputación «non quere nin pode» interferir en un asunto judicializado.
 

El director de la asesoría jurídica concluye sin ningún genero de dudas que la votación del 30 de diciembre de 2014, donde la Diputación aceptó la encomienda de gestión de las acciones propiedad del Concello (600.000 euros), es nula porque la decisión requería mayoría absoluta. En aquella votación hubo diez sufragios a favor de los diputados socialistas, mientras que PP y BNG se abstuvieron. Los populares, que habían votado en su día a favor de la enajenación, se abstuvieron porque no tenían en su poder toda la información que le pidieron al gobierno provincial de José Ramón Gómez Besteiro. El BNG lo hizo porque desde el principio estuvo en desacuerdo con que cualquier Administración pública tuviera acciones de una SAD de deporte profesional. De hecho, estaban inmersos en ese momento en el proceso de venta de títulos del Breogán.
 

Aun así, el secretario dio por buena la votación y prosiguió el proceso de venta que acabó dándole la propiedad de la mayoría de acciones del club a Tino Saqués. Se trataba del segundo error en un mes, porque 25 días antes, el 5 de diciembre de 2014, esta misma aceptación de acciones había sido aprobada por la junta de gobierno. Alguien alertó de que la junta no era competente y por eso se llevó al pleno del 30 de diciembre para la ratificación que hoy se declara nula.
 

Además de los dos procesos en el juzgado contencioso 2, las denuncias cruzadas ante la Fiscalía del exsecretario y la anterior directiva recayeron en el juzgado de instrucción número 1, que investigará ahora los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos, respectivamente, que se atribuyen entre los denunciantes. Todo ello hace pensar que el últimos partidos se jugarán en el juzgado.