El director de la asesoría jurídica de la Diputación Provincial de Lugo asegura que el acuerdo plenario que inició el procedimiento de venta de las acciones del Club Deportivo Lugo es nulo, al haber sido aprobado solo por mayoría simple cuando es preceptiva la mayoría absoluta. En sus conclusiones, el asesor jurídico recomienda que se incoe un procedimiento de revisión de oficio de todo el procedimiento.
El informe, al que tuvo acceso este periódico, fue elaborado tras la presentación por parte de un grupo de socios de una solicitud de revisión de oficio del proceso, que en su día concluyó con la adjudicación de acciones al actual presidente, Tino Saqués, en detrimiento del otro postor, el empresario luxemburgués con orígenes en Riotorto Gerard López.
El director de la asesoría, Manuel Cutrín, afirma que la jurisprudencia es clara en este sentido, por lo que debe anularse ese ''acto primixenio'', es decir, el que propició la asunción por parte de la Diputación de las acciones del Concello para ponerlas a la venta de forma conjunta. Ante esto, el asesor afirma que ''o máis acaído'' es efectuar una revisión de oficio de todo el procedimiento, eso sí, valorando los ''posibles danos a terceiros''. Cutrín explica que ''é inescusable'' analizar si esa anulación del procedimiento inicial ''afecta ou non a venda das accións''.
Peligros. Temor a la LFP. La revisión, la auditoría y los cruces de denuncias podrían hacer tomar cartas a la LFP
Estas son las claves para entender en qué dimensiones se está decidiendo en estos momentos el futuro de la entidad.
1. Se abre un nuevo frente en la polémica venta de acciones
La Diputación tendrá que tomar ahora una decisión y posiblemente el informe se llevará a la junta de Gobierno en los próximos días. Sobre los efectos que puede tener, la Diputación señaló que el informe fue solicitado ante la ''puesta de manifiesto por parte de la antigua directiva de graves irregularidades en el proceso de venta''. Añadió que ''esta solicitud de revisión debe tomarse con grandes cautelas, dado que actualmente se encuentra en litispendencia ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Lugo, y la Diputación ni quiere, ni desea, interferir en la labor jurisdiccional''.
2. El juzgado 1 investiga las denuncias ante la Fiscalía
Otra pieza del puzle, que además puede ser la que acarrearía consecuencias personales más graves, es la investigación penal de las denuncias cruzadas presentadas en la Fiscalía. Del caso ya se hizo cargo por orden de reparto el juzgado número 1, en concreto el magistrado de apoyo de la jueza Pilar de Lara. El proceso penal se inició después de que un grupo de accionistas pidiese a la Fiscalía que investigase un presunto delito de prevaricación. Según ellos, el secretario de la Diputación, José Antonio Mourelle, supuestamente demoró la notificación de las resoluciones a los interesados. En la denuncia indican, por ejemplo, que la adjudicación le fue notificada a Saqués el 20 de abril, mientras que al otro licitador la comunicación le llegó el 8 de mayo. Por todo ello, consideran que la actuación del denunciado ''ha sido la de favorecer en todo momento a la entidad Frisaqués dilatando/entorpeciendo el acceso a la jurisdicción contenciosa para solicitar la suspensión del acto de adjudicación''. Piden la declaración como imputado de Mourelle y de la actual alcaldesa, Lara Méndez, ella como testigo, porque en ese momento era vicepresidenta de la Diputación.
El ya exsecretario de la Diputación acudió entonces también a la Fiscalía a explicar que los antiguos gestores del CD Lugo habrían incurrido en un presunto delito de malversación. Según este escrito, el presidente, José Bouso, y otro directivo, habrían recibido 457.000 euros a las pocas semanas de que el club ingresase 900.000 euros de la Diputación y 600.000 del Concello para convertirse en SAD, por lo que solicita al fiscal que indague si estas transferencias pueden constituir una malversación de fondos públicos al ser desviado dinero público para teóricos fines privados.
Delitos. Denuncias cruzadas. Los anteriores directivos y el exsecretario de la Diputación acudieron a la vía penal
3. Una auditoría que destroza la reputación de la exdirectiva
El exsecretario recibe la información que lleva a la Fiscalía de las informaciones periodísticas sobre una auditoría pedida por Saqués en relación a la situación patrimonial del club. Pese a que inicialmente dijo que no iba a haber auditoría (''está todo correcto'', afirmó ante los medios), lo cierto es que esta sí existe, o al menos un esbozo previo a su conclusión. Según esta revisión de las cuentas, la llegada de esos 457.000 euros a las cuentas de los exdirectivos no está justificada documentalmente (ellos dicen que es dinero que con anterioridad habían prestado al club).
También señala que empresas de los exdirectivos facturaron obras por valor de 405.000 euros por mantenimiento y mejoras en las instalaciones del club, de las que no hay prueba alguna de que fuesen realizadas. Otro de los puntos analizados por la auditoría es el de los contratos blindados de algunos empleados. El director general, Carlos Mouriz, y cuatro miembros del cuerpo técnico tendrían contratos firmados para esta temporada y la próxima, con fecha de junio de 2014. Los auditores contratados por Saqués sospechan en realidad que se firmaron mucho después, cuando ya había sospechas de que iba a haber cambios de accionariado. Así, el despido de Mouriz costaría 420.000 euros y el de los otros empleados 284.000. La presencia de estas personas, y de alguna más, en el club hace que la plantilla esté actualmente sobredimensionada, dado que Saqués al llegar contrató a su propio equipo y ahora le resulta muy caro despedir a los anteriores empleados.
Otro hallazgo de este examen contable fue la existencia de dos sociedades, Mougest, creada por Mouriz, y Sofilase, constituida por Quique Setién y su esposa, las cuales teóricamente facturaron al CD Lugo en los últimos años 240.000 y 261.000 euros, respectivamente, por trabajos que estarían pendientes de acreditar. Setién acusó de ''prácticas perversas'' a la actual directiva, en una dura misiva. Por su parte, la anterior junta señaló que ''los balances y las cuentas de explotación del Club Deportivo Lugo SAD han sido auditadas en todo momento por la auditora independiente Servicios de auditoría y consulting de empresas, S.L. (SACE) y han sido aprobadas por la Liga de Fútbol Profesional, así como compartidas anualmente con todos los socios en Asamblea''. Eso sí, por el momento solo rebatieron de palabra las acusaciones, sin presentar documentación alguna.
El temor en la actualidad es que, ante estas denuncias y presuntas irregularidades, la Liga de Fútbol Profesional tome cartas en el asunto y esto acarreé problemas para el futuro de la sociedad anónima, además justo en un momento deportivo muy dulce en este inicio de temporada.
4. Dos contenciosos que siguen en marcha en el juzgado
Otro enfrentamiento tras la polémica enajenación de acciones del CD Lugo se dirime en el juzgado contencioso administrativo número 2. Aquí hay dos procedimientos abiertos. Uno, presentado por el abogado Jacobo Vázquez en nombre de un grupo de accionistas, que impugnó las bases por las que le fueron concedidas las acciones a Tino Saqués. El otro, que firma la hija de José Bouso, empleada del club, y otro grupo de accionistas en realidad son tres contenciosos que están refundidos en uno, en concreto, por el objeto social (interpretan que la empresa Frisaqués no está facultada para concurrir a procesos de compra de acciones), por la modificación de la cláusula de pago aplazado (Gerard López pidió ese tipo de pago y fue necesario modificar las bases iniciales, algo de lo que finalmente se benefició Tino Saqués) y por la propia adjudicación de las acciones.
En la actualidad, el juzgado está en el proceso de recopilación de expedientes para dictar una resolución, después de que rechazase en un primer momento la medida cautelar de paralización de todo el proceso solicitada por los denunciantes. El juez no aceptó la paralización del proceso al estimar que las alegaciones carecen de ''justificación''.
