Los miembros del consejo reunidos ayer en la sede del Lugo decidieron, con los votos favorables de los ocho miembros no políticos y la abstención de los cinco consejeros del Concello y la Diputación, esta medida para ajustarse al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a los propios estatutos del CD Lugo SAD. Los dos textos impiden una renovación del consejo de administración -como pedía el empresario lucense- y sí permiten una modificación de su composición.
De esta manera, Tino Saqués deberá elaborar un nuevo requerimiento notarial que presentará en un nuevo consejo. En este requerimiento deberá solicitar la modificación del actual órgano rector del club y que está compuesto por trece miembros, cinco pertenecientes a los dos máximos accionistas, la Diputación y el Concello, y otros ocho que formaban parte de la directiva previa a la conversión en SAD.
Esta petición coincide con la información publicada por este periódico el pasado viernes en la que se indicaba que la solicitud de Saqués era incierta, debido a que los consejeros se nombraron por cinco años en 2013, por lo que no podría producirse una renovación, aunque sí una «separación o remoción», términos que no figuraban en el requerimiento que Saqués envió al Lugo.
Cambio de miembros
La intención de Saqués sería la de renovar el consejo del Lugo para comenzar a preparar su proyecto deportivo, una vez que la Diputación le adjudique las acciones, proceso que se encuentra pendiente de la valoración de los dos proyectos deportivos presentados por el propio Saqués y el otro candidato, Gerard López.
El pasado 20 de febrero, Tino Saqués envió un requerimiento notarial a la sede del CD Lugo en el que, amparándose en su posesión de más del 5 por ciento de las acciones de la SAD, reclamaba la convocatoria de una junta general de accionistas. En ella proponía como único punto en el orden del día la «renovación del consejo de administración y nombramiento de nuevos consejeros», punto que tendrá que modificar a petición del consejo.
En caso de aceptarse la nueva nomenclatura y poner fecha a la junta extraordinaria antes de la adjudicación de los títulos, el Concello y la Diputación tendrían la llave, con su 49% de las acciones, para modificar el consejo y nombrar nuevos miembros.
Cabe recordar también que faltan poco más de dos semanas para que la Diputación se pronuncie sobre las dos impugnaciones a las bases del concurso.
