La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, confía en el "sentido común" de los grupos parlamentarios para que prospere la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible que contempla el cierre o bloqueo de webs que permitan la descarga ilegal de contenidos culturales. El texto será votado este martes en el Congreso.
La norma no tiene garantizada su viabilidad y el grupo parlamentario socialista ha estado negociando en las últimas horas con otros como CiU, pero no ha logrado por el momento alcanzar un acuerdo. El PP o Coalición Canaria, tampoco han manifestado su postura. Por su parte, el PNV, socio presupuestario del Gobierno, podría pedir una votación por separado de la 'ley Sinde' si no llega a un acuerdo y así la disposición podría no prosperar.
Las últimas horas han estado marcadas por las protestas de los internautas que, además de lanzar ciberataques contra páginas web de partidos políticos o del Congreso, este martes se concentran desde las 9.00 horas a las puertas de la Cámara baja para manifestar su rechazo a la ley antidescargas.
Además, la polémica se ha avivado por la publicación del diario El País de nuevos documentos del departamento de Estado de EEUU filtrados por Wikileaks, según los cuales el Gobierno habría pedido a los norteamericanos que presionaran a partidos políticos españoles para sacar adelante la ley.
Quien no ha ayudado a poner mucha cordura en el asunto ha sido el presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Aldo Olcese, que intentando defender la postura de los autores ha caído en el lanzamiento de amenazas a los usuarios de la red. Olcese ha dicho que si la 'ley Sinde' no se aprueba o sufre algún cambio sustancial ''la coalición cambiará de tercio y defenderá ante la UE la adopción de otras normativas más agresivas y que afectan a los usuarios''.
''Solución de equilibrio''
La ministra, mientras tanto, en declaraciones a la Cadena Ser, ha señalado que esta ley es una "solución de equilibrio" que se diferencia de otras alternativas europeas que persiguen a los usuarios. "Nosotros no hemos querido perseguir a los usuarios ni criminalizar, sino buscar una solución que haga todos los derechos compatibles", ha indicado.
En su opinión, la compatibilización entre el acceso libre a la cultura y la defensa de los derechos de propiedad intelectual supone una "verdadera reconversión industrial", que no avanza "porque no existen leyes que permitan el desarrollo de ese nuevo modelo de mercado". Armonizar ambas cosas y lograr que no se pierdan empleos requiere "medidas nuevas" que también buscan países del entorno como Suecia, Reino Unido, Francia o Alemania y que, a juicio de González Sinde, son "más severas con los usuarios".
Preguntada por la escasa diferencia que aún existe entre un libro o un disco adquiridos en tienda o su compra online, la ministra ha precisado que también se podría "hablar de los precios de las tarifas telefónicas; la cuestión --ha estimado-- es que aquí parece que sólo los trabajadores de la cultura son quienes tienen que pagar las facturas de las nuevas tecnologías, y eso no es así". "Debería repartirse esa transformación entre todos los que se benefician de ese tráfico de contenidos", ha subrayado González Sinde, quien se ha mostrado convencida de que los precios serán adecuados "cuando haya suficiente oferta y competitividad".
En su opinión, cuando se pueda crecer y se puedan establecer negocios con garantías de viabilidad económica "las inversiones y la demanda de los usuarios harán que los precios bajen", si bien ha precisado que "no se puede decir que los precios de algunas páginas culturales" en internet sean caros.
Sobre el hecho de que la ley pase a la historia como la 'ley Sinde' ha considerado que responde a "una manera sencilla de identificarla", y ha subrayado que cuando esté aprobada y los ciudadanos "vean que no altera de ninguna manera su vida y que la red sigue teniendo su espacio para la cultura y la creación", el apellido de la ley "pasará a ser una anécdota".
