En España, el establecimiento de un canal de denuncias obligatorio no es algo nuevo. Se corresponde, por el contrario, con una exigencia histórica derivada de leyes de igualdad y orientadas a la prevención del acoso sexual, como así también de legislaciones de prevención de blanqueo de capitales y recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
A pesar de ello, hasta ahora, la exigencia por establecer estos canales no se había visto acompañada por una regulación sobre las características de dichos canales de denuncia. Fue recién en octubre de 2019 cuando la Unión Europea aprobó la Directiva 2019/1937 vinculada a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Esta se conoció especialmente como Directiva Whistleblowing.
¿En qué consiste la Directiva Whistleblowing?
La Directiva Whistleblowing regula en España y por primera vez cómo deben ser los canales de denuncia, incluyendo a quién protege la normativa, de qué forma se regulan estos canales, el rol del delegado de protección de datos obligatorio, qué organizaciones y personas deben implantar un canal de denuncias, quiénes se deben responsabilizar de su gestión, qué sucede con los grupos de empresas, entre otras cosas.
Un aspecto interesante a destacar es que la Unión Europea ha impuesto a los estados miembros la obligatoriedad de transponer la Directiva Whistleblowing a sus normativas nacionales, antes del 17 de diciembre de 2021. Hacia marzo de 2022, el Gobierno español publicó un primer Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones realizadas a la normativa. Esto incluye una búsqueda de luchar contra la corrupción.
Posteriormente, hacia el 13 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley definitivo que no difiere en los aspectos más importantes del Anteproyecto. A partir de este punto, se ha generado una gran expectativa entre las empresas, ante la inminencia de la aprobación de esta ley y las consecuencias directas que tiene.
Los cambios más importantes de Whistleblowing
Una vez que la ley sea promulgada, lo que hará es conceder a los sujetos obligados un plazo razonable de implementación. Además, el proyecto otorga un plazo de implantación de tres meses desde su entrada en vigor para empresas de gran tamaño. Para las entidades del sector privado con menos de 249 trabajadores, el plazo será hasta el 1 de diciembre.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el proyecto de ley prevé expresamente la posibilidad de que los sistemas de comunicación interna de las empresas habilitados al momento de la entrada en vigor, puedan servir para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en dicha ley. Esto, siempre que los sistemas se adecúen a los requisitos que han sido propuestos en la ley.
Por eso, si bien la ley no ha sido promulgada todavía, existen grandes expectativas respecto de los cambios que esta va a promover, en particular en el respeto y la protección de las personas.
