La Justicia española, más lenta que la europea: los juicios duran casi dos meses más que la media europea
España llega tarde a la Justicia. No es una metáfora: los datos de la Comisión Europea y del Consejo de Europa sitúan de forma recurrente al sistema judicial español entre los más lentos de la Unión Europea a la hora de resolver asuntos civiles, mercantiles y administrativos. Los procedimientos se alargan durante meses (a veces años) y dejan a ciudadanos, empresas y Administraciones atrapados en una especie de atasco permanente.
Según el último cuadro de indicadores de Justicia de la UE (EU Justice Scoreboard), España figura en el grupo de cola en duración de procedimientos, con tiempos de resolución en primera instancia claramente superiores a la media europea y una congestión que apenas se reduce con los años. En la práctica, esto se traduce en que un juicio civil o contencioso-administrativo en España puede prolongarse casi dos meses más que el promedio comunitario, especialmente cuando se encadenan recursos ante instancias superiores.
Sexto país más lento en la UE
El diagnóstico coincide con el informe de la Comisión Europea sobre la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales, que sitúa a España como el sexto país de la Unión donde más se tarda en resolver casos civiles, mercantiles o administrativos en juzgados de primera instancia. La demora ronda ya los 300 días de media, pero en muchos asuntos complejos los plazos se disparan muy por encima de ese umbral.
La situación se agrava cuando el asunto sube a segunda o tercera instancia. Los datos europeos muestran que los litigios que llegan a las cortes supremas españolas, especialmente en el ámbito civil y mercantil, pueden tardar alrededor de dos años en resolverse, muy por encima de los tiempos de los tribunales supremos de otros países de la UE.
Todo esto ocurre sobre un tapiz ya saturado: a finales de 2023, los tribunales españoles acumulaban cerca de cuatro millones de asuntos pendientes, en buena medida como consecuencia de una litigiosidad elevada, plantillas de jueces por debajo de la media europea y un sistema de ejecución de sentencias que también figura entre los más lentos del continente.
Un problema estructural: menos jueces y más asuntos
Los jueces llevan años advirtiendo de que el sistema funciona al límite. España cuenta con aproximadamente la mitad de jueces por habitante que la media europea, mientras que presenta una de las tasas de litigiosidad más altas de la UE. La combinación es explosiva: más pleitos, menos manos para resolverlos.
La sobrecarga se concentra en los órganos de base (juzgados de primera instancia, de lo social y de lo contencioso-administrativo), donde entran cada año más asuntos de los que se resuelven. El resultado es una especie de “bola de nieve” procesal: los asuntos se acumulan, los señalamientos se fijan a uno o dos años vista y cada nueva huelga o incidencia administrativa hace aún más difícil recuperar el terreno perdido.
Esta situación ha llevado a que miles de ciudadanos se planteen vías extraordinarias para defender sus derechos fundamentales, como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, especialmente cuando los retrasos comprometen el derecho a un proceso en un plazo razonable.
A la falta de jueces se suma un déficit histórico de medios materiales y tecnológicos. Informes europeos sitúan a España en la parte baja de la tabla en digitalización de la Justicia, especialmente en la fase de ejecución de sentencias, donde apenas uno de cada cuatro procesos civiles termina en una ejecución efectiva, frente a tasas de hasta el 80% en países punteros como Estonia o Bélgica.
Ciudadanos atrapados: de divorcios a ayudas sociales
La lentitud no afecta por igual a todos los órdenes jurisdiccionales, pero sí golpea de lleno a los más sensibles socialmente. En los juzgados de familia, divorcios contenciosos, custodias y modificaciones de medidas pueden demorarse meses (incluso años), dejando a familias enteras en un limbo jurídico sin resolución clara sobre pensiones de alimentos o regímenes de visitas.
En la jurisdicción social, el panorama es igual de preocupante: trabajadores despedidos que deben esperar casi un año para un juicio de despido, personas con incapacidades laborales pendientes de reconocimiento que se quedan sin prestación mientras el procedimiento avanza a paso de tortuga, o pensionistas a la espera de que se revise una invalidez recurrida.
En el contencioso-administrativo, donde se litiga contra decisiones de la Administración (sanciones, licencias, ayudas, oposiciones…), la congestión también es la norma. Muchos ciudadanos y empresas asumen que su pleito llegará demasiado tarde para ser realmente útil.
No es extraño que cada vez más afectados recurran a abogados administrativo especializados en responsabilidad patrimonial del Estado, con el objetivo de que no solo se resuelva el fondo de su asunto, sino que además se les compense por años de espera, daños económicos y perjuicios derivados del retraso.
El coste económico de una Justicia lenta
La Justicia lenta no solo mina la confianza en el Estado de Derecho; también cuesta dinero. Miles de millones, según diversos estudios. A nivel civil y mercantil, las demoras en la ejecución de sentencias congelan cada año grandes cantidades en deudas, indemnizaciones y sanciones que tardan en hacerse efectivas o directamente nunca se cobran.
Para empresas y autónomos, esperar dos o tres años a que un tribunal declare el incumplimiento de un contrato o la nulidad de una sanción puede marcar la diferencia entre sobrevivir o entrar en concurso. La inseguridad sobre cuándo —o incluso si— se cobrará una cantidad reconocida judicialmente desincentiva la inversión y complica la planificación empresarial.
En el ámbito laboral, cuantos más meses pasan sin sentencia, más probable es que la empresa demandada haya cerrado, se haya descapitalizado o haya cambiado de forma jurídica, frustrando en la práctica el derecho del trabajador.
Sobre esta dimensión económica y social, el abogado Miguel Javaloyes, fundador de Javaloyes Legal, advierte de que “la Justicia lenta no solo perjudica al ciudadano individual, sino que erosiona la seguridad jurídica del país y compromete los pilares del estado de derecho. Cada procedimiento que se eterniza es un golpe a la confianza en el sistema y un coste silencioso para toda la economía.”
¿Y ahora qué?
Mientras tanto, la cuestión ha empezado a escalar en el plano internacional. La Comisión Europea, en sus informes sobre el Estado de Derecho, insiste en que la duración de los procedimientos y la falta de medios son un desafío pendiente en España.
Si Estrasburgo llegara a pronunciarse en esa línea, el impacto económico podría ser muy significativo: miles de afectados, reclamaciones en cadena y una presión añadida sobre unas arcas públicas que ya afrontan indemnizaciones en otros ámbitos.
La receta que proponen jueces, fiscales y expertos es conocida: más órganos judiciales, más plazas de jueces y funcionarios, un impulso real a la digitalización y reformas procesales que limiten recursos abusivos y agilicen las ejecuciones. Pero, de momento, las medidas llegan a cuentagotas, mientras el atasco sigue creciendo.
En este contexto, el mensaje que lanza la Justicia española a sus ciudadanos es incómodo: acudir a los tribunales sigue siendo la vía legítima para defender derechos, pero hacerlo implica aceptar que la respuesta puede tardar años. Y cuando la solución llega tarde, muchas veces ya no es solución.
Porque, como recuerda la vieja máxima que hoy resuena con fuerza en los pasillos de los juzgados, justicia tardía es, en la práctica, justicia denegada. Y España, por ahora, sigue corriendo por detrás de Europa en esa carrera por el tiempo.