Tragsa asumió desde el domingo el Servizo de Atención no Fogar (SAF) de Pol, de forma temporal, hasta que el Concello tramite la adjudicación del servicio. La empresa que lo llevaba renunció ante las reclamaciones salariales de trabajadoras de la plantilla. En Castroverde, donde el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) anuló el contrato en vigor con la adjudicataria, que está en concurso de acreedores, se confía en cerrar los trámites de licitación de un nuevo contrato durante este mes.
Asasnis, anterior concesionaria del SAF de Pol, dejó el servicio ante el litigio promovido por la CIG que demandaba que se reconociesen las antigüedades percibidas por trabajadoras, así como el pago de domingos y festivos por convenio y las dietas de desplazamiento. El sindicato nacionalista efectuaba estas reivindicaciones "ao non ser incluídas polo Concello no prego de licitación, aprobado no mes de xaneiro, as condicións salariais que tiñan recoñecidas varias traballadoras", según explica Asunción Castiñeira, del departamento de servicios sociales de la central nacionalista, que denunció la situación ante el Juzgado de lo Social.
El Ayuntamiento de Pol solicitó un informe a la Diputación para concretar el procedimiento a seguir con el fin de solucionar el conflicto y, finalmente, firmó un convenio con el organismo provincial para la prestación provisional del SAF a través de la empresa Tragsa, en cuyo accionariado está la Diputación, según indicó el regidor polense, Lino Rodríguez. Este convenio y la prestación de Tragsa, que subrogó a las trabajadoras, se mantendrá hasta que el Ayuntamiento finalice el nuevo expediente de contratación.
EN CASTROVERDE. José María Arias, alcalde de Castroverde, confía en que, si no surgen inconvenientes, "ao longo deste mes pecharemos os trámites e en setembro contaremos cunha nova firma ao cargo do SAF, que subrogará ás traballadoras. O contrato terá unha duración de dez meses e, unha vez rematado, procederemos á súa contratación co periodicidade anual, como viñamos facendo", explicó.
Los salarios de las treinta integrantes de la plantilla durante este mes "están garantidos polo administrador concursal que leva o proceso e polo Concello", precisó Arias.
Las dos pagas extras que le adeudaba la empresa a las trabajadoras, antes de entrar en concurso, serán asumidas por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Aunque sea así, la CIG mantendrá su litigio al entender que "tamén se reclaman outros dereitos que tiñan recoñecidos con anterioridade varias integrantes da plantilla e que o Concello non recolleu na licitación do servizo. A anterior adxudicataria renunciou para non facerse cargo deles"
