El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, dijo este jueves en el Parlamento de Galicia, donde compareció para dar cuenta de los presupuestos del ente provincial, que "incluso" los alcaldes del Partido Popular representados en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) votaron junto al resto de formaciones políticas para demandar al Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo que haga un reparto equitativo de los fondos de cooperación local.
José Tomé admitió que no tenía previsto durante su comparecencia entrar a censurar al Ejecutivo de Núñez Feijóo y que lo hizo tras las críticas del diputado popular Daniel Vega, que acusó al ente provincial presidido por Tomé de falta de equidad en la utilización del Plan Único provincial de cooperación con los ayuntamientos.
"Incluso los propios alcaldes del Partido Popular en la Fegamp le pidieron a la Xunta que reparta con criterios objetivos los fondos de cooperación local", aseguró entonces el presidente de la Diputación lucense en respuesta a la acusación de "medias verdades" y de faltar "a la verdad" que le espetó a Tomé el diputado del PPdeG. "Es el momento de que la Xunta reparta los fondos públicos en función de criterios objetivos eliminando la discrecionalidad", consideró Tomé.
"La realidad es sobrecogedora, somos 36.000 personas menos en la provincia que hace diez años"
"Concrete medidas y no hable de medias verdades ni falte a la verdad", le replicó Daniel Vega, que emplazó al presidente provincial a pactar aspectos vinculados a las residencias de mayores, demografía, turismo, teleasistencia y para incrementar el presupuestario destinado al Plan Único de cooperación con los ayuntamientos.
Durante su intervención para explicar el destino de los 92 millones de euros del presupuesto de la Diputación lucense, su presidente avanzó que se aprobarán en la próxima sesión plenaria del mes de noviembre. Unos presupuestos, dijo Tomé, "pegados a la realidad de la provincia de Lugo" que "favorecen la cohesión social, el reequilibrio territorial y el impulso de la economía y del empleo".
Al referirse a la recuperación de la "normalidad institucional" tras varios años de convulsión política en la Diputación luguesa, José Tomé dijo que "la voluntad de consenso y diálogo" será el valor que guiará su labor al frente del ente provincial. Como prueba de ello, indicó que el 62 por ciento de los acuerdos adoptados desde que es presidente por el Pleno de la Diputación se hicieron por unanimidad de todos los grupos de la corporación provincial.
Noa Presas se refirió a la necesidad de "un cambio en la relación con la Xunta"
Se refirió a Suplusa, la desaparecida Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, detonante de muchas de las broncas que vivió el salón de plenos de la Diputación, e indicó que con su eliminación "ya no quedará ningún ente instrumental de la Diputación" y que se ganará "en eficacia, eficiencia y transparencia".
Calificó al organismo provincial de Lugo como "un referente en política social" y advirtió del grave problema de la despoblación. "La realidad es sobrecogedora, somos 36.000 personas menos en la provincia que hace diez años y solo en los últimos cuatro años perdimos más de 8.000 habitantes", señaló.
Advirtió de que "seremos muy exigentes con la Xunta" para plantearle la obligación de "asumir su responsabilidad en materia de servicios sociales como establece el Estatuto de Galicia". En concreto, propuso que la Xunta integre las residencias provinciales en la red gallega de centros de mayores.
Antón Sánchez apostó por la eliminación de las diputaciones
La diputada Paula Vázquez Verao, del grupo Mixto, abogó por un 'pacto gallego' que evite el cierre de los servicios en el rural, y al igual que Tomé emplazó al Gobierno gallego a asumir sus competencias en lo referido a las residencias de mayores.
La nacionalista Noa Presas se refirió a la necesidad de "un cambio en la relación con la Xunta", a la que acusó de "vender" a las provincias de Lugo y Ourense "la milonga de estar favorecidos en términos per cápita en relación al reparto de fondos". También la diputada del BNG apostó por "seguir presionando" al Gobierno de Feijóo "para que asuma sus responsabilidades" en cuanto a los servicios a las personas mayores y también a las dependientes.
El parlamentario del grupo Común da Esquerda Antón Sánchez afirmó que "sigue siendo un reto" cambiar el modelo político administrativo de Galicia y apostó por la eliminación de las diputaciones y sustituirlo por un sistema de entes comarcales.
En materia de políticas sociales, Sánchez censuró que el Gobierno autonómico, "incluso con sentencias judiciales en contra, sigue desatendiendo sus competencias".
Para el socialista Luis Álvarez, "a día de hoy nadie puede cuestionar que la Diputación de Lugo es una institución que funciona con normalidad y cumple sus objetivos", y consideró "un acierto absoluto" la supresión de Suplusa, "esa institución -dijo- que se convirtió en un gravísimo elemento de distorsión; un ariete para bloquear la actividad normal de la Diputación".
