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Suplusa nombra una interventora accidental para pagar las nóminas atrasadas

Manuel Martínez y Darío Campos. AEP
Manuel Martínez y Darío Campos. AEP

La Diputación, que ya inició trámites para disolver la sociedad, celebra que "acate la orden", mientras el BNG anuncia que solicitará un pleno extraordinario

El consejo de administración de la empresa pública Suplusa decidió este martes nombrar a una interventora accidental para poder abonar las nóminas adeudadas a 29 trabajadores de la entidad.

El presidente de Suplusa, Manuel Martínez, indicó en declaraciones a Efe, al término de una reunión de junta general extraordinaria, que la decisión finalmente acordada obedece principalmente a lograr que los trabajadores cobren sus salarios retrasados y a evitar "discusiones bizantinas", dijo. "No se trata de discutir si eran galgos o podencos, de si era la Diputación quien tenía que nombrar a una interventora o no", indicó Martínez.

Aún así, el presidente de Suplusa afeó al Gobierno provincial el hecho de que "si un ayuntamiento pide una interventora automáticamente se la manda, mientras que se la quita a sus propios medios".

Martínez también fue autocrítico al reconocer que le parecía "indecente, ruin y mezquino" que 29 personas no pudiesen cobrar por culpa de "una lucha política entre dos personas" –el presidente de Suplusa y el presidente de la Diputación–.

La junta general también se acordó entregar las llaves y el edificio de la residencia de A Fonsagrada al alcalde de la localidad, algo que prevé ser efectivo el próximo viernes a las 10:00 horas.

Después de dicha reunión, se celebró asimismo otra ordinaria en la que se acordaron cambios en los estatutos de la entidad, que "se volverán a revisar posteriormente", indicó Martínez.

El gobierno provincial insta a los trabajadores a reclamar intereses
El gobierno de la Diputación de Lugo "celebró" que Suplusa acatase la orden dada por el organismo provincial para que la sociedad mercantil efectuase el pago de las nóminas atrasadas.

"Solo buscaron utilizar al personal de Suplusa como herramienta política, creando un problema artificial donde no lo había", señaló la diputada provincial Pilar García Porto.

Añadió que el Gobierno provincial ya había dado la orden de pago "en tres ocasiones" y que "no había excusa para no pagar", dado que la entidad cuenta con "fondos millonarios" derivados de su actividad urbanística.

García Porto también instó a los trabajadores de Suplusa que soliciten a la sociedad urbanística "el cálculo de los posibles intereses provocados por el retraso y demora en los pagos".

Todo ello sucede mientras el gobierno provincial anunció el inicio de los trámites para disolver la sociedad, para lo que ya encargó cuatro informes técnicos, y el BNG informó de que pedirá la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para abordar la disolución de Suplusa.

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