La intención del consejo de administración de Suplusa -en el que el Partido Popular y el diputado no adscrito Manuel Martínez suman mayoría- de modificar los estatutos de la entidad se topó con la negativa del Registro Mercantil a inscribir los cambios. La dirección de Suplusa solicitaba que la duración de los cargos de consejero de la entidad fuese de seis años, por tratarse de una sociedad anónima, aunque desde el Registro se les recordó que, al ser una entidad de la Diputación, su duración deberá coincidir con el de los mandatos de la corporación.
Desde el gobierno provincial se considera que esta maniobra responde a una artimaña del PP y el diputado no adscrito para seguir perpetuándose en el control de Suplusa, si una vez que se celebren las próximas elecciones municipales cambia el actual juego de mayorías de la corporación de la Diputación. El equipo de Campos también critica que el consejo de administración proponga ahora que de los nueve cargos de los que se compone, cinco sean para diputados provinciales y que para los otros cuatro se puedan designar personas ajenas a la corporación.
Los socialistas entienden que, de esta forma, se abre la posibilidad a que Martínez pueda seguir teniendo un puesto en Suplusa aún en caso de que tras las elecciones de mayo pierda su condición de diputado provincial.
Manuel Martínez niega, por su parte, estas intenciones. Explica que la negativa del Registro solo afecta al hecho del tiempo de duración de los cargos del consejo de administración pero no a su composición. Recuerda, en este sentido, que lo que propone no es nada nuevo y que en el periodo comprendido entre 2003 y 2009, en el consejo de administración de Suplusa también había puestos para consejeros "no políticos".
AUTO. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Lugo dictó este martes un auto por el que estima que los trámites iniciados por el gobierno provincial para proceder a la disolución de Suplusa no son los adecuados, por lo que decidió archivar el procedimiento. Desde el equipo presidido por Campos se afirma que la disposición afecta a la forma pero no al fondo de la polémica, por lo que ya estudia un posible recurso.
