El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, anunció este miércoles la convocatoria de un pleno extraordinario para principios de septiembre para impulsar la disolución de la Sociedad Urbanística Provincial (Suplusa). Arrancará así el proceso que desembocará en la desaparición de la entidad, una de las condiciones del pacto de gobierno entre PSOE y BNG.
Entre los objetivos, "devolver la tranquilidad y la normalidad institucional" al organismo tras un intenso periodo de tensión entre Suplusa y la propia Diputación que llegó a los tribunales. "Si bien Suplusa fue en su momento una entidad útil para la provincia, quedó desvirtuada por las disfunciones producidas en los últimos años", apunta la administración provincial en un comunicado. Además, reivindica su disolución como un avance en el proceso de "reestruturación, modernización y adelgazamiento" de la Diputación.
En cuanto a la plantilla de la sociedad, Tomé asegura que la voluntad es garantizar sus derechos laborales, para lo que se solicitarán los informes técnicos pertinentes.
El procedimiento para disolver Suplusa arrancará así con el pleno de la Diputación y, según apunta esta, tendrá tres fases: la disolución —que se abre ahora—, la liquidación y la extinción definitiva.
ACUERDO A TRES. Con ese camino por delante, la Diputación también avanzó que este mismo miércoles diputados de PSOE, BNG y PP firmaron una solicitud de convocatoria de la junta general extraordinaria del ente mercantil para el 12 de septiembre con un orden del día consensuado que incluye acordar la disolución de la sociedad.
El pacto también prevé desistir de las acciones judiciales interpuestas entre sociedad y Diputación, establecer un período de liquidación de 24 meses y el cese de los administradores y órganos de la sociedad.
POPULARES. A través de un comunicado, los populares han defendido la gestión realizada desde Suplusa aunque han reconocido que la imagen de la entidad "se ha visto dañada en los últimos tiempos" a causa —señalan— del "conflicto político interno" del PSOE.
El PP se compromete a participar en el proceso y a apoyarlo "siempre y cuando se salvaguarden los derechos de los trabajadores", además de los de los concellos que tengan planificadas inversiones dentro de algún proyecto a ejecutar por parte de Suplusa.
