El PP y el socialista Manuel Martínez tumbaron el martes la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Diputación de Lugo que el gobierno del PSOE llevó al pleno con apoyo de todos los sindicatos con representación en el ente (UGT, CC.OO., CSIF y CIG).
Tras ese revés, el presidente provincial, Darío Campos, criticó que se rompiese "un acordo unánime" con las centrales sindicales, que tacharon ese bloqueo de "patada no cu aos traballadores". El PP, que pidió que el asunto quedase sobre la mesa, justificó su rechazo final al haber informes "non favorables" y "unha batería de alegacións", y Martínez, que rompió por primera vez en el pleno la disciplina de voto del PSOE desde su regreso al grupo socialista, no dio explicaciones. Como el BNG se abstuvo, el voto del vicepresidente no fue decisivo, al ser el grupo del PP el mayoritario, pero sí simbolizó la división en el seno del grupo socialista, escenificada hasta ayer solo en reuniones de Suplusa.
Defendió la RPT el diputado Miguel Sotuela, quien dijo esperar el visto bueno plenario, ya que desde su aprobación inicial en diciembre -con el apoyo de PSOE y BNG y la abstención del PP- se habían atendido varias alegaciones y los sindicatos seguían apoyándola.
El popular Carlos Armesto anunció el voto en contra de su grupo si no se dejaba la cuestión sobre la mesa en busca del consenso. Adujo que había "unha batería de alegacións" no atendidas, una de ellas del secretario de la Diputación y otra de la diputada socialista Sonsoles López, e informes de intervención y del director de recursos humanos con objeciones y que indicaban que esa RPT no podría entrar en vigor hasta aprobarse la Ley de Presupuestos del Estado. El BNG anunció que esta vez se abstendría por creer necesario un informe del secretario, al ver también "inseguridade xurídica" y haber alegaciones no atendidas que podrían llegar al juzgado. Su portavoz, Xosé Ferreiro, recordó, que el Bloque aboga por hacer más transparente el sistema de acceso a trabajos en el ente.
Sotuela replicó que solo hubo 25 alegaciones "individuais", de entre 500 trabajadores, y sobre puestos concretos, sin cuestionar la legalidad de la RPT. Dijo que siete se atendieron íntegramente y otras cinco, parcialmente, con apoyo de los sindicatos. Negó que el secretario y Sonsoles López alegaran y el ejecutivo aclaró después que, como responsables de servicios, firmaron "suxestións de mellora" planteadas en sus áreas.
RECESO POLÉMICO. Antes de votar, Campos anunció un receso de cinco minutos en el que se reunieron los socialistas y que generó polémica. Según el PSOE, respondió a la decisión del PP de "cambiar o sentido do voto" y tumbar la RPT, tras abstenerse en diciembre y en la última comisión informativa sobre el tema, el jueves. En esa pausa, el presidente decidió "manter a proposta unánime dos sindicatos" y que se votase.
La portavoz del PP, Elena Candia, vio en ese receso "sen precedentes" una muestra de una "división" en el PSOE que está causando "danos irreparables" en la Diputación. "Pedírono para discutir sobre algo -la RPT- que afecta a 800.000 euros e moitos traballadores están esperando resposta", dijo, e instó al PSOE a obrar "con seriedade" en vez de actuar "como se tivese maioría absoluta".
Ya tras la votación, Campos lamentó que "por primera vez" en la Diputación, "e quizais en calquera administración", el PP rompiese un acuerdo "unánime cos sindicatos", algo que "non ten explicación". "É un acordo que prexudica os traballadores", advirtió. Por su parte, el PP lamentó que, por sus "desaguisados internos", el PSOE "estea a bloquear asuntos importantísimos" como este o la apertura de las residencias, en vez de buscar el consenso.
Los sindicatos, en un comunicado conjunto, criticaron "o cambio de criterio político" en este pleno, tras una aprobación inicial de la RPT "sen votos en contra". Dijeron que no aceptarán "a utilización das melloras do persoal da Deputación como moeda de cambio nas liortas políticas".
Tras exigir "a todos os deputados coherencia á hora de votar", censuraron que se "atacase" al gobierno "dándolle unha patada no cu aos traballadores, os únicos prexudicados". Finalmente, expresaron su "firme vontade da defensa do acordo", por lo que estudiarán "medidas legais" para su aplicación, una hoja de ruta que también anunció el ejecutivo, que recordó que "desde hai décadas" no se lograba un pacto como este.
Aunque Martínez guardó silencio, y hubo quien insinuó que podría estar molesto porque la RPT perjudicaba a personal de su confianza, su desacuerdo con sus compañeros de filas se produce tras desencuentros anteriores en Suplusa, entidad que preside y a la que la Diputación le acaba de retirar la gestión de las residencias. Esas diferencias quedaron incluso patentes a la entrada del pleno. Interpelados por la protesta que protagonizaba personal seleccionado para los geriátricos, que irá al Valedor, Campos dijo que había problemas legales para con tratarlos y Martínez deslizó que no hay voluntad política y se busca "privatizar los centros".
OTRA VOTACIÓN TENSA. El debate de una moción del PP, que no prosperó, también dejó dudas sobre el sentido del voto de Martínez. Candia pidió que parte de los remanentes de 2017 se invirtiesen en la red viaria, que le compete al becerrense, y generó incertidumbre el hecho de que él no defendiese la postura del ejecutivo, como en otros plenos, y que el portavoz del PSOE, Álvaro Santos, renunciase a su primer turno de palabra.
"Supoño que o secretario xeral do PSOE ten máis baches que reparar que os das estradas", espetó Candia a Santos, que replicó que eran "suficientes" los tres minutos del segundo turno para recordar los "42 millóns" que irán a esas vías en el periodo 2015-2018 y "o desprezo" de Gobierno y Xunta por el estado de sus viales en Lugo. Al final no hubo sorpresas y el PSOE en pleno y el BNG tumbaron la moción.
