La guerra abierta que mantiene el presidente de Suplusa, Manuel Martínez, con el gobierno de la Diputación por la gestión de las residencias vive desde este miércoles un nuevo capítulo que ha salpicado, en esta ocasión, al geriátrico de A Fonsagrada. Martínez acusó al presidente de la Diputación, Darío Campos, y al actual vicepresidente de esta institución y alcalde de A Fonsagrada, Argelio Fernández, de mentir con relación al permiso de inicio de actividad (PIA) de esta instalación.
Según Martínez, en la reunión que celebró la pasada semana el comité del Partido Socialista para comunicar su expulsión del grupo provincial, tanto Campos como Fernández habrían dicho que la residencia de A Fonsagrada no tenía concedido el PIA porque Martínez, como presidente de Suplusa, no lo había solicitado.
Frente a estas supuestas manifestaciones, Martínez se defendió aportando una serie de documentación con la que demuestra que la residencia de A Fonsagrada se construyó según un convenio realizado directamente con la Diputación y no con Suplusa, aportando además fechas en las que el presidente de Suplusa era Darío Campos y no él.
"Se hai algún incumplimento con relación á residencia da Fonsagrada é responsabilidade exclusiva de Darío Campos", zanjó Martínez.
Este medio intentó este miércoles, sin éxito, ponerse en contacto con el alcalde de A Fonsagrada para conocer su versión.
REUNIÓN EN LA DIPUTACIÓN. El presidente de la Diputación, Darío Campos; los alcaldes de A Fonsagrada, Trabada, Pedrafita, Ribadeo, Ribas de Sil y Pol; secretarios, interventores y trabajadores sociales de la entidad provincial y de estos seis municipios mantuvieron en la tarde de este miércoles una reunión de trabajo para definir el reglamento, la ordenanza de acceso y las tarifas de las residencias y centros de día de la red provincial.
La Diputación entregó a los ayuntamientos los borradores de los distintos convenios, con el fin de que los ayuntamientos hagan sus aportaciones, que serán tratadas en una próxima reunión prevista para la semana que viene.
El objetivo es que cada ayuntamiento cierre su propio documento, que deberá ser aprobado en los respectivos plenos municipales. Por su parte, la Diputación prestará asistencia técnica para su elaboración y vigilará que los documentos sean lo más homogéneos posible, "atendendo as diferenzas municipais".
Tanto desde la Diputación como desde los diferentes ayuntamientos se hace especial hincapié en las líneas básicas de estos acuerdos, que, según ellos, garantizan una gestión pública de los centros y la garantía de que las plazas sean para los lucenses. El gobierno provincial también destaca que la ordenanza fiscal que recoge las tarifas incluye las ayudas de hasta 600 euros al mes para plazas en residencias y de 300 euros para los usuarios de los centros de día a jornada completa.
PERSONAL. Por su parte, la plataforma de afectados por la selección de personal para trabajar en las residencias convoca para las once de la mañana de hoy una rueda de prensa para dar su punto de vista sobre el conflicto.
