LUGO. La construcción de una decena de residencias y centros de día en otros tantos municipios de la provincia fue el proyecto estrella con el que el socialista José Ramón Gómez Besteiro inició en el año 2011 su segundo mandato al frente de la Diputación. Casi ocho años después, cuando los primeros de aquellos centros -alguno de ellos inaugurado hace más de tres años- parecían estar por fin listos para abrirse, es cuando surge el conflicto entre la Diputación (Darío Campos) y Suplusa (Manuel Martínez).
La apertura de los geriátricos está así enquistada en medio de una maraña jurídica y política difícil de desenredar, al tiempo que surgen cada vez más voces que cuestionan la viabilidad de un proyecto que, sin perder su gran atractivo electoral y social, ha resultado ser un caramelo envenenado para toda la corporación provincial.
1. ¿Por qué la Diputación creyó necesaria una red de geriátricos?
Un estudio de 2010 concluía que Lugo necesitaba más de 5.600 plazas geriátricas a lo largo de la provincia. El plan de la Xunta solo contemplaba la construcción de unas pocas residencias en ayuntamientos afines, por lo que Gómez Besteiro decidió contrarrestar con una red provincial que llevaría geriátricos a Trabada, Riotorto, Meira, Guitiriz, Castroverde, Ribas de Sil, Pol, O Saviñao, Pedrafita do Cebreiro y Navia de Suarna. Para llevar a cabo el proyecto se firmó con Suplusa, entidad mercantil dependiente de la Diputación, un convenio por valor de 12 millones de euros para la construcción y gestión de los centros. Sobre el proyecto inicial, Riotorto renunció a su residencia, mientras que A Fonsagrada y Becerreá se sumaron a través de convenios distintos que firmaron directamente con la Diputación. La construcción de la de Ribadeo se realizó por iniciativa municipal, aunque también contará con el apoyo de la entidad provincial, según el acuerdo firmado recientemente entre ambas instituciones.
2. ¿Cuántas residencias están en disposición de abrir?
Las residencias de Castroverde, Trabada y Pol son las que tienen las obras totalmente finalizadas y las que cuentan con el permiso de inicio de actividad (PIA) correspondiente, por lo que, al menos sobre el papel, son las que están en disposición de abrir más rápidamente. A ellas se les uniría a lo largo de los próximos meses Ribadeo, A Fonsagrada y Ribas de Sil.
3. ¿Por qué no se ponen en marcha?
Los técnicos de la Diputación explican que en base a la nueva ley de contratos Suplusa no tiene capacidad para poder gestionar las residencias, por lo que fue necesario «crear de la nada» la base jurídica necesaria para poder seguir avanzando en el proceso. Justifican así la redacción de los nuevos convenios firmados con Trabada, Pol, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Ribas de Sil y Ribadeo, que dejan sin validez los acuerdos de 2011 firmados por Suplusa.
Por su parte, la oposición achaca el problema al conflicto interno existente en el seno del Partido Socialista. En este sentido, los populares argumentan que hasta hace unas semanas nada hacía advertir que la gestión de Suplusa no tuviese base legal y que todo el problema surgió a raíz de la llegada de Álvaro Santos a la secretaría provincial del PSOE y a la intención de la nueva dirección de sacar poder a Martínez.
Parte del conflicto también radica ahora en que la Xunta expidió los permisos de inicio de actividad (PIA) de Trabada y Pol a nombre de Suplusa y la entidad se niega a transferirlos a la Diputación. Castroverde también se queda en el limbo, porque ha dado como bueno el convenio que tiene con Suplusa y se niega a firmar uno nuevo con la Diputación.
4. ¿Hay fecha de apertura?
Con la nueva hoja de ruta en la mano, y una vez que es la junta de gobierno la encargada de ratificar los convenios con los distintos concellos, el equipo de Campos considera que los geriátricos y centros de día de Trabada y Pol podrían abrir hacia el mes de septiembre u octubre. Por su parte, la residencia de Ribadeo está pendiente de recibir el PIA, algo que no debería retrasarse.
Según el Partido Popular y el presidente de Suplusa, Manuel Martínez, si desde el gobierno provincial no se hubiese cambiado esta hoja de ruta, la residencia de Castroverde ya podría haber abierto el pasado 1 de marzo; la de Trabada, el 1 de abril y la de Pol, el 1 de mayo. Para ello bastaría, según ellos, con que el presidente de la Diputación, Darío Campos, hubiese llevado al pleno del pasado mes de febrero la ordenanza de funcionamiento y precios.
La situación corre, no obstante, el riesgo de judicializarse por el entramado legal en el que se mueven unos y otros.
4. ¿Quién gestionará los centros?
Hasta hace apenas unas semanas parecía incuestionable que la gestión sería de Suplusa, ahora la Diputación habla de una externalización de servicios, por la imposibilidad de contratar que tienen los ayuntamientos. Los nacionalistas son los más críticos con esta fórmula, ya que, según ellos, constituye una privatización encubierta, que redundará en un aumento de los costes. Si con Suplusa el precio por plaza se estimaba en unos 1.200 euros, con el modelo de gestión propuesto ahora se incrementaría hasta los 1.500 ó 1.600, advierten.
5. ¿Serán económicamente viables?
En el peor de los escenarios, la puesta en marcha de las residencias supondrá para las arcas provinciales unos seis millones de euros anuales, que habría que retirar de otras partidas como el plan único. En este punto algunos concellos ya han expresado su malestar por las dificultades que tendrían para pagar su parte correspondiente. Por otro lado, alcaldes de municipios en los que no habrá residencias también exponen que sus ingresos procedentes de la Diputación se verán mermados para pagar un servicio que dará prioridad a los vecinos de otros concellos.
6. ¿Habrá suficiente demanda de plazas?
El hecho de que todas las residencias, excepto la de Ribadeo, estén proyectadas para personas válidas siembra dudas sobre el éxito de la iniciativa y sobre la demanda de plazas. Lo habitual en el rural es que las personas mayores que se pueden defender por sí mismas vivan en sus casas, aunque tengan que recurrir a la ayuda puntual de otra persona para realizar algunas tareas. Este hecho provoca que los potenciales usuarios de las residencias rurales sean, en realidad, las personas dependientes. Pero para poder dar este servicio, sería necesario que los geriátricos provinciales adaptasen las instalaciones que ya hay construidas y proyectadas a este nuevo perfil de usuarios y, por otro lado, se incrementaría sustancialmente el precio de las plazas ofertadas.
Que las residencias provinciales no vayan a dar servicio a personas dependientes es, precisamente, uno de los argumentos recurrentes por parte de la Xunta a la hora negarse a concertar de plazas.
7. ¿Qué sucederá con los trabajadores seleccionados?
Justo antes de las elecciones 2015, el gobierno de Gómez Besteiro intentó dar un impulso a la puesta en marcha de las residencias, a través de un concurso de selección de personal, que superaron unos 60 aspirantes. La intención era que a medida de que las residencias fueran abriendo, estas personas se fuesen incorporando paulatinamente a sus puestos de trabajo. De aquella primera intención, solo se llegaron a materializar cuatro contratos. Todos ellos bajo el mandato de Elena Candia en la Diputación y, curiosamente, todos ellos de personas afines al Partido Popular.
