El grupo provincial del PP impugnará el pleno extraordinario de la Diputación del pasado 12 de abril, al considerar que el acuerdo alcanzado en el mismo, de comprar una acción de Tragsa, no se ajusta a derecho.
En un encuentro con los medios en la Praza de San Marcos, el portavoz de los populares, Javier Castiñeira, acompañado por otros nueve diputados de su grupo en la corporación provincial -solo faltaron a la cita el alcalde de Palas, Pablo Taboada, por encontrarse en ese momento en un acto institucional, y José Manuel Gómez-, indicó que tras asesorarse con el gabinete jurídico de su partido decidían impugnar los acuerdos de esa sesión extraordinaria "porque non se pode ratificar un acto que foi declarado nulo de pleno dereito por un xulgado, concretamente polo do Contencioso número 1 de Lugo".
Con ese pleno extraordinario, el gobierno provincial pretendía ratificar tanto el decreto de presidencia del 13 de diciembre de 2019, por el que se decidía comprar una acción de Tragsa, como el acuerdo de la junta de gobierno del día 27 de aquel mismo mes, por el que se encargaba a esta empresa el mantenimiento de las zonas verdes provinciales.
Javier Castiñeira criticó que el gobierno de la Diputación decidiese recurrir esa sentencia del juzgado lucense, que declaraba ilegal el decreto para entrar en el accionarado de Tragsa, al ser un trámite que se debe aprobar en pleno. "A pesar diso recorren esa sentenza, o que alonga e agranda o problema para seguir contratando ilegalmente a Tragsa", denunció Castiñeira.
Por todo ello, el portavoz de los populares instó al gobierno del socialista José Tomé a "parar de contratar a Tragsa, porque está causando un dano económico", y añadió que "queremos que se tomen en serio estas circunstancias, porque é moito diñeiro que levamos gastado xa e hai que actuar canto antes e facelo de forma prudente, como pide o PP".
RESPUESTA. Este medio se puso este viernes en contacto con representantes del gobierno provincial, quienes evitaron referirse directamente a esta polémica.
Estas mismas fuentes únicamente confirmaron que la Diputación presentó el pasado jueves un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por lo que consideran que la sentencia a la que se refiere el PP no es firme y, por tanto, los acuerdos tomados en el pleno extraordinario del pasado día 12 son válidos.
La entrada de la entidad provincial en el accionariado de Tragsa es un trámite necesario para que esta empresa pueda ser considerada como medio propio y encargarle así algunos de los trabajos que realizaba la extinta Suplusa.
