Lugo fue el pasado año la provincia de española en la que más madera se cortó, con un volumen de 3,8 millones de toneladas, por un importe total que supera los 100 millones de euros, de los cuales el 94% se corresponde con solicitudes tramitadas por particulares y el 6% restante con actuaciones realizadas en montes de gestión pública.
En concreto, el Servizo de Montes de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia tramitó 26.893 solicitudes de corta por parte de particulares, para la venta de 3,6 millones de toneladas de madera, extraídas de una superficie forestal de 12.962 hectáreas, con un precio venta por valor de 97 millones de euros.
Por otra parte, en aquellos montes de titularidad privada -la mayoría vecinales y en mano común- en los que la Xunta de Galicia realiza labores de mantenimiento mediante convenio con sus propietarios, fueron cortadas el pasado año 221.131 toneladas de madera, en una superficie forestal de 3.583 hectáreas.
El precio de adjudicación de esta madera sumó 4,6 millones de euros, que acabaron por revertir en los propietarios de esos montes.
Por comarcas, A Mariña concentra el mayor volumen de corta, con un 34,3% del total; seguido de Lugo-Sarria, con un 26,1%; Terra Chá, con el 24,7%; A Fonsagrada-Ancares, con el 9,4%; y Terra de Lemos, con el 5,5%.
En cuanto a las especies, el eucalipto acapara el 50,1% de las cortas, el pino el 46,9 y las especies frondosas solo representan el 3% de las mismas.
En rueda de prensa, el delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, afirmó que estas cifras ponen de manifiesto "el potencial forestal" de la provincia de Lugo, que el propio gobierno gallego trata de impulsar "con programas de apoyo para que los titulares cuiden de los montes y obtengan beneficios a través de una explotación sostenible de los recursos forestales".
Balseiro también subrayó que "no hay que criminalizar la producción de eucalipto", porque hay que reconoce el "gran peso" que tiene esta especie en la "producción de riqueza" en la provincia de Lugo, pero sí defender "una gestión, sostenible, racional y equilibrada" de la misma.
