La Guardia Civil de Lugo ha detenido, en el marco de la denominada operación Yankie, a seis lucenses e investigado a otras 11 personas de una organización especializada en robos con fuerza en naves industriales. Según informa el instituto armado, han sido imputadas 17 personas como presuntas autoras de 12 robos con fuerza perpetrados en diversos establecimientos y locales en Castro Ribeiras de Lea, Vilalba, Baralla, O Corgo, Guntín, Sarria y Ribas de Sil, así como en el concello coruñés de Culleredo.
Los hechos ocurrieron entre julio de 2015 y julio de 2017, dos años a lo largo de los cuales la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Lugo "recabó las pruebas necesarias para considerar acreditada la autoría de doce robos con fuerza en los que el valor del material sustraído alcanzó el medio millón de euros", relata la Benemérita. La colaboración ciudadana y el trabajo de criminalística han sido "claves en el esclarecimiento de los hechos" en este caso, ha apuntado la Guardia Civil, que añade que se investiga su implicación en once robos en naves industriales y uno en un establecimiento de hostelería.
Ruedas, herramientas y maquinaria para su posterior reventa en el mercado negro representan los principales objetivos
Ruedas, herramientas y maquinaria representan los objetivos principales de la organización investigada, que se da ya por "desarticulada". A los investigados se les imputan delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, amenazas y receptación.
PUNTOS DE REUNIÓN. La organización delictiva, que emplea como puntos de reunión zonas de las afueras de la capital lucense de difícil control policial, es considerada por la Benemérita "una de las más activas del noroeste de España". "No dudaban en sustraer vehículos de carga para ser empleados en la comisión de los robos y dificultar así la investigación policial, algunos de los cuales fueron recuperados tras ser abandonados en días posteriores a los hechos", indican las mismas fuentes.
El material sustraído, buena parte del cual ha sido recuperado tanto en registros domiciliarios como en inspecciones a chatarrerías efectuadas por la Guardia Civil, era vendido en el mercado negro a familiares o compradores "que gozaban de la confianza de la organización delictiva", sostiene la Guardia Civil.
