El Gobierno provincial de la Diputación de Lugo ha confirmado que fue la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar Lara, la que requirió información sobre residencias para mayores programadas por la Diputación y cuya encomienda de gestión, ahora puesta en duda, lleva la sociedad del suelo Suplusa, que preside el diputado no adscrito Manuel Martínez.
Fue en el mes de agosto cuando la Guardia Civil recabó esta información por mandato judicial, una investigación que parte, según ha podido saber Europa Press, de un anónimo que llegó al juzgado, y frente a la que el gobierno provincial está "tranquilo".
"Un gobierno que tiene la conciencia tranquila, su preocupación no es en que juzgado se hagan las diligencias", ha dicho el portavoz del ejecutivo provincial, Álvaro Santos.
Ante los medios, Santos ha reiterado que esa petición de información es "del mes de agosto". "Es una solicitud de información que se hace a la Diputación y que la Diputación, como siempre, traslada, cumple con absoluta normalidad y rigor a cualquier requerimiento judicial", ha dicho el portavoz, tras lo que ha aclarado que se produce en "el seno de unas diligencias". "No hay nada misterioso, ni escandaloso, ni nada que ocultar, ni preocuparse cuando menos el gobierno de la diputación", ha zanjado.
JUNTA DE GOBIERNO. Tras la Junta de Gobierno, Santos ha dado cuenta de la apertura del plazo "a las más de 130 asociaciones sociales de la provincia, para solicitar las ayudas entre 18.000 y 24.000 euros para la contratación de desempleados lucenses con las que reforzar su actividad social".
"Hemos abierto el plazo de solicitud del programa Tecendo Emprego, para la contratación de unos ochenta lucenses actualmente en el paro. Cada asociación puede solicitar hasta dos trabajadores", ha precisado, al tiempo que ha recordado que son 1,7 millones de euros lo que se invierte en este nuevo programa de empleo.
