Volvió a ser "o pleno da marmota", como bien lo definió el diputado popular Óscar Poy. Como siempre se debatieron cuestiones que exceden a las competencias de la Diputación, pero las mociones de PSOE y PP sobre la exclusión bancaria de los mayores o la nacionalista sobre la mejora de la atención primaria abordaron carencias que afectan a una amplia franja de la población lucense.
PSOE y PP defendieron versiones distintas de la petición remitida por la Asociación de Xubilados e Pensionistas de Lugo, que demandaba el apoyo de los grupos provinciales para que la banca no excluya a los clientes sin competencias digitales. La moción socialista exigía a la Xunta que primase las operaciones con aquellas entidades que garanticen "a atención bancaria con persoal propio en todos os concellos da provincia e con ampliación dos horarios", según indicó el diputado Pablo Rivera.
Municipios como Negueira de Muñiz, O Páramo, Ribeira de Piquín y Samos carecen de oficinas bancarias, una situación que afecta ya a 7.000 lucenses. Rivera criticó que el Gobierno gallego decidiese aportar 16.000 euros por la instalación de un cajero en municipios sin sucursales e invitase a los ayuntamientos a poner el local. Efrén Castro, del BNG, cree que la situación "prexudica dobremente ao rural, polo envellecemento o polas dificultades de acceso a internet". La propuesta socialista se aprobó con la abstención del PP.
El popular Agustín Baamonde criticó la iniciativa del PSOE "cando a intención dos pensionistas é buscar a unanimidade e o compromiso desta institución". Recordó que el PSOE aceptó en el Parlamento gallego dirigirse al Gobierno central para reclamar su implicación ante este problema y que hubo un acuerdo similar en el Senado. Baamonde defendió, en otro punto del orden del día, la moción del PP, "que respecta o escrito dos xubilados, sen cambiar unha coma".
ATENCIÓN PRIMARIA. La situación de la Atención Primaria fue objeto de otro acalorado debate. El BNG solicitó que la Xunta implante de nuevo la atención presencial a quienes lo soliciten, la limitación de las consultas telefónicas y telemáticas y la incorporación de facultativos y enfermeras a centros de salud y hospitales.
La nacionalista Maite Ferreiro recordó los problemas surgidos en Chantada, Xermade, Pantón, Guitiriz, Castro de Rei y el PAC de Fingoi, en Lugo, "que vive unha situación insostible". Recordó que pedir consulta a un especialista "é un xogo de maxia. Nunca sabes cando te van chamar".
Francisco Balado (PP) replicó que la falta de personal sanitario "afecta a todas as autonomías e para contar con máis especialistas é necesario que o Ministerio de Sanidade convoque prazas". La socialista Mayra García subrayó que la actitud del PP "é negar a realidade. A pandemia sobrecargou os servizos sanitarios, pero tamén axudaron os recortes. Galicia perdeu 1.100 profesionais e 900 camas desde 2009".
Desacuerdo inicial en el bipartito sobre la declaración
Otro doble debate
Pese al acuerdo final sobre la declaración, el BNG presentó una moción en la que Maite Ferreiro criticó "a non reforma laboral" y demandó avances normativos sobre los derechos laborales de las mujeres. La socialista María Loureiro replicó que el reciente cambio en la legislación laboral "favorece a loita contra a precariedade". Lola Castro acusó al Bloque de "politizar" unas reivindicaciones que deben de ser objeto de consenso político y social.
