La Diputación alaba el incremento del plan Único y el PP lo ve "conxelado"

El bipartito sacó adelante los presupuestos provinciales más "sociais e realistas", dotados con 116 millones, en un pleno agitado por la protesta y posterior desalojo de los bomberos
Bomberos, trabajadoras de la limpieza y abogados y procuradores presenciaron parte del pleno.   XESÚS PONTE
photo_camera Bomberos, trabajadoras de la limpieza y abogados y procuradores presenciaron parte del pleno. XESÚS PONTE

La provincia de Lugo tiene ya presupuestos para 2024, unas cuentas "realistas, útiles e profundamente sociais" y que "chegan en tempo e forma", según la diputada de Economía, Mayra García Bermúdez, que fueron aprobados durante un pleno encendido por los bomberos, cuando unos 30 representantes de los parques comarcales alzaron el grito entre el público. El presidente provincial, José Tomé, optó por suspender momentáneamente la sesión, cuya corporación permaneció estoica, y desalojar a los manifestantes que desde junio reclaman "condicións laborais dignas".

Pero antes, las cuentas, dotadas con 116.498.926,82, ya habían recibido el visto bueno. El bipartito sacó pecho de la subida del 5,32% con respecto a las anteriores y las calificó de "expansivas, porque medran os investimentos reais nun 45% e as transferencias correntes en preto dun 3%", pero también del apartado social, su principal baluarte -aglutina 38 millones de euros, un tercio del total-, y del plan Único, que para unos crece y para otros se "conxela" e, incluso, "baixa" por la inflacción. Visiones contradictorias a cuenta de un millón de euros.

PSOE y BNG defendieron en la sesión que el plan Único pasa de 21,5 millones de euros a 21,75, "o que significa transferirlles o 20% dos orzamentos aos concellos", puntualizó García Bermúdez, sin embargo el PP se aferró a la memoria de los presupuestos, "o documento oficial que se debate no pleno", dijo el portavoz popular, Antonio Ameijide, donde aparece recogida la misma inversión que en las cuentas anteriores.

Ameijide, que lamentó la "falta de consenso", preguntó además dónde está el millón de euros de incremento en el plan Único que el presidente provincial, José Tomé, anunciaba en el Parlamento gallego hace unos días. El vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, explicó que ese millón de más se repartirá a lo largo de los cuatro años de legislatura, 250.000 euros para cada ejercicio, una justificación que no sirve en la bancada popular. Ameijide reiteró que Tomé "foi ao Parlamento a mentir" y que Castro "nin sequera leu a páxina 1 da memoria" y "non sabe o que vota".

El representante del PP respaldó su propia postura con comparaciones respecto a otras diputaciones, exponiendo que la de Pontevedra o la de Ourense dirigen a cada habitante más de 84 euros del plan Único -se excluyen las ciudades y los municipios grandes-, mientras que la de Lugo destina unos 65 euros, "un 30% menos a cada veciño que as gobernadas polo PP". La de A Coruña, añadió, se queda en 45,08 euros.

Pero la cooperación con los concellos -donde se incluye el plan Impulsa TIC para que 52 municipios avancen en su transformación digital a través de una partida de 4,5 millones- no fue lo único que enquistó el segundo punto de la orden del día. Entre cruces de acusaciones se debatió también el gasto social. La Diputación destinará 3,4 millones a la prestación del SAF y cerca de once a los nueve centros de atención de mayores que están en marcha y a los dos que se proyecta abrir, así que el gobierno aprovechó para afear las "nulas" aportaciones que la Xunta realiza en esta materia "pese a ser da súa competencia". Ameijide contestó que el Gobierno autonómico "é máis social nun día que a Deputación en catro anos".

Limpiadoras, abogados y procuradores y campus ponen a todos de acuerdo

Pese al bronco inicio, la sesión se fue encauzando en San Marcos a medida que avanzaba la orden del día. Y fueron las mociones en favor de los colectivos de las limpiadoras y de los abogados y procuradores, así como del Campus Terra, las que pusieron de acuerdo a toda la corporación.

La diputada nacionalista, Iria Castro, manifestó el apoyo del gobierno provincial a la mejora de las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras de la limpieza en Lugo, un sector "feminizado" cuyo parón va por los 40 días. El PP propuso una enmienda, que la Diputación confeccione un convenio específico para las que desarrollen su trabajo en las dependencias provinciales, algo que desde el bipartito criticaron, ya que supondría un trato discriminatorio. Con todo, y añadiendo en el punto que se inste a la Xunta a mediar en la negociación, el punto logró la unanimidad.

Fue unánime también la postura para reclamar el impulso de modificaciones desde el Gobierno central que permitan recuperar las cotizaciones de abogados y procuradores realizadas durante años a las mutualidades privadas —en su momento, estaban obligados a ello— y que se computen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). Esta "anomalía", tal y como la calificó el socialista Miguel Fernández, hace que los trabajadores perciban "menos de 500 euros de pensión tras 40 anos traballados", indicó el popular Francisco Balado.

Ambos acuerdos arrancaron sonoros aplausos pese a que Tomé recordó que el público debía mantenerse en silencio.

Por otra parte, las mociones del PSOE y del BNG para que la Xunta garantice la oferta lectiva del Campus Terra obtuvieron el respaldo de todos los diputados, apelando a la modificación del decreto de 2011 que ampara el recorte de titulaciones.

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