Defraudar a Hacienda le salió demasiado caro a un constructor que tenía su empresa en Palas de Rei, ya que el juez le obliga a devolver los 575.171 euros que dejó de pagar de impuestos y lo condena además al abono de una multa de 1.150.343 euros. El magistrado impone también al empresario —F.F.V., con domicilio en Monterroso— una condena de tres años y nueve meses de cárcel.
El juez considera probado que, hace una década, el acusado era el administrador único de una constructora con domicilio social en Palas. El hombre, "intencionadamente y con ánimo de defraudar a Hacienda", presentó la autoliquidación del impuesto de sociedades correspondientes al año 2005 e incluyó doce facturas "que no se correspondían a relaciones comerciales con los proveedores, sino que fueron confeccionadas por el acusado, o por orden de este, con la finalidad de rebajar la cuota a ingresar". Con las artimañas realizadas supuestamente por el acusado, Hacienda dejó de ingresar en concepto de impuesto de sociedades la cantidad de 146.194 euros.
El acusado hizo lo mismo en el año 2006 con otras once facturas y dejó de ingresar otros 245.199 euros en concepto de impuesto de sociedades. Igualmente, presentó autoliquidaciones de los cuatro trimestres del Iva del año 2006 incluyendo las once facturas falsas. De este modo, se estima que dejó de abonar a la Hacienda Pública una cuota total de 183.778 euros.
El acusado defendió su inocencia, pero el juez no creyó su versión. Le rebajaron la pena porque el fraude fue hace una década
DEFENSA. En el transcurso del juicio —que se celebró el pasado 26 de abril en el Penal número 2 de Lugo—, el constructor negó los hechos y aseguró que la facturación que presentó en la autoliquidación del impuesto de sociedades y del Iva en los años 2005 y 2006 era "totalmente real". Según explicó, durante esos años mantuvo una relación comercial con varias empresas a las que pagaba "normalmente en efectivo", entregándoles para firmar un recibí. "La contabilidad la llevaba una gestoría. Yo hacía negocios con varias empresas y entregaba las facturas al gestor. Jamás manipulé nada", dijo.
Los inspectores de Hacienda declararon sin embargo que la mayoría de las empresas con las que supuestamente hacía negocios el constructor "no tenían actividad en ese momento, ni la habían tenido previamente". Además, señalaron que las facturas que presentó ante la Agencia Tributaria "no eran documentos de tráfico mercantil correcto, sino que parecían manipuladas. Eran simples fotocopias y a veces el membrete era de una empresa y la dirección de otra. También le pedimos que aportara documentación para certificar que los trabajos que figuraban en las facturas se habían realizado, pero no aportó nada". Según los inspectores, en las cuentas del acusado "las salidas de dinero no se correspondían con el pago de facturas".
Según explica la sentencia, la agencia tributaria concluyó que las facturas que presentó el acusado "no podían ser veraces" y no pudieron ser pagadas porque, en ese momento, en las cuentas bancarias de la sociedad no había dinero para hacerles frente.
Además, la agencia tributaria intentó rastrear las facturas, "concluyendo en una maraña de empresas sin actividad a la fecha de expedición de las facturas o de personas que negaban toda relación comercial con el empresario imputado".
PENAS. El juez concluye que hay pruebas "más que suficientes" para condenar a F.F.V. como autor de un delito de continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con tres delitos contra la Hacienda Pública.
El magistrado le aplica la atenuante de dilaciones indebidas —ya que pasaron más de diez años desde los hechos— y le impone 15 meses de cárcel por cada uno de los tres delitos, así como 1,1 millones de multa. El fiscal pedía inicialmente nueve años de prisión y cuatro millones de euros.
