Los concellos de A Fonsagrada, Pol, Ribas de Sil, Pedrafita do Cebreiro, Trabada y Ribadeo ratificaron este viernes en sus respectivos plenos el convenio marco con la Diputación para abrir las residencias provinciales. Los gobiernos locales refrendan así el protocolo de funcionamiento rubricado el pasado miércoles por los alcaldes en cuyos municipios están ya construidos los centros o en la última fase —a excepción del regidor de Castroverde, que rechazó firmar—.
Hubo unanimidad en las sesiones plenarias de Ribadeo, Pedrafita y Ribas de Sil, mientras que en A Fonsagrada se aprobó con la abstención de PP y BNG y en Pol y Trabada también se abstuvieron los populares. Desde la Diputación se felicitaron de que el convenio fuese refrendado por las corporaciones locales y dijeron que "garante a xestión pública e prazas para os veciños con independencia da súa situación económica".
Según el organismo provincial, este modelo establece "a xestión pública" de los centros de mayores y define el acceso a las 190 plazas de residencia y 90 de centro de día que se ofrecen en total en estos concellos. Precisaron, además, que las plazas se adjudicarán de forma preferente a los vecinos del municipio en que se sitúe el centro, en segundo lugar a los de los municipios limítrofes o de la comarca y, finalmente, a los lucenses en general. Los usuarios pagarán el precio de la plaza en función de su capacidad económica y la Diputación se compromete a hacer una aportación de 600 euros por plaza. Si esta cantidad no es suficiente, el organismo asumirá el déficit en los concellos de menos de 5.000 habitantes.
CRÍTICAS DEL PP. El PP, no obstante, puntualizó este viernes que los protocolos firmados entre la Diputación y los alcaldes son "unha simple declaración de intencións". Los populares precisaron que estos documentos no tienen efectos jurídicos ni suponen ninguna mejora con respecto a los convenios firmados en el año 2011 por los que Suplusa gestionaría las residencias, "senón máis ben o contrario". Desde el PP advirtieron también de que con sus últimas decisiones la Diputación está buscando "privatizar" las residencias.
