Martínez defiende la gestión de Suplusa y dice que no retirará las demandas

Acuerdo unánime entre PSOE, BNG y PP en la Diputación de Lugo para disolver Suplusa
Reunión del consejo de Suplusa, con Manuel Martínez al fondo. AEP
photo_camera Reunión del consejo de Suplusa, con Manuel Martínez al fondo. AEP

La Sociedad Urbanística Provincial (Suplusa) tiene los días contados. La entidad, que fue foco de conflictos en el pasado mandato de la Diputación y contribuyó a dinamitar la imagen de la institución, será disuelta por el organismo provincial presidido por Tomé Roca. Se trata de la primera decisión importante tomada por el monfortino, que en su toma de posesión ya anunció que devolvería la "tranquilidade" al organismo lucense.

La decisión será apoyada por todos los grupos de la corporación (PSOE, PP y BNG) que ayer firmaron un acuerdo unánime para hacer desaparecer el conflictivo ente mercantil. El líder provincial, que gobierna en bipartito junto al BNG y tiene mayoría en el pleno, decidió contar con todas las fuerzas políticas con el objetivo de que desde un principio reine la "sintonía" en la institución. Anunció además que el acuerdo será ratificado en un pleno que se celebrará a principios del mes de septiembre.

El pacto alcanzado entre los tres partidos contempla convocar una Xunta Xeral Extraordinaria del ente mercantil, que se celebrará el 12 de septiembre, con una orden del día consensuada en la que se incluyen cuatro puntos: acordar la disolución de la sociedad y su entrada en liquidación; poner fina a todas las acciones judiciales interpuestas mutuamente entre Suplusa y la Diputación; establecer un periodo mínimo de liquidación de 24 meses, y cesar a todas las personas administradoras y órganos de la sociedad mercantil. Se designará además a un diputado de cada partido político que ejercerá el cargo de liquidador del ente. Serán Pilar García Porto (PSOE), Mónica Freire Rancaño (BNG) y José Antonio García (PP).

Para el presidente provincial, Suplusa "carece de sentido hoxe en día, pois quedou desvirtuado polas disfuncións producidas"

AHORRA PARA LAS ARCAS. Tomé Roca anunció su voluntad de garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores de Suplusa, para lo que anunció que solicitarán "os informes técnicos pertinentes". La disolución de la entidad fue una de las condiciones del pacto de gobierno alcanzado con el BNG. "Significa un avance no proceso de reestruturación, modernización e adelgazamento da Deputación, un obxectivo recollido igualmente no pacto de goberno, que fará a administración provincial máis eficaz e útil á cidadanía, ademais de supoñer un aforro para as arcas provinciais", dijo el presidente.

El líder de la Diputación añadió que la sociedad mercantil "a día de hoxe carece de sentido". Explicó que si bien Suplusa fue en su momento una entidad útil para la provincia, "quedou desvirtuada polas disfuncións producidas nos últimos anos", dijo, recordando la retirada de su condición de medio propio por el anterior gobierno provincial en marzo de 2018.

Por su parte, el PP defendió -tal y como ha venido haciendo en los últimos tiempos- la gestión realizada desde Suplusa, aunque reconoció que la imagen de la entidad "viuse danada nos últimos anos como froito do conflito interno do PSOE". Los populares se comprometen a participar en el proceso de disolución siempre que la Diputación retire las denuncias judiciales contra los diputados del PP, "que foron un intento de linchamento", indicaron.

La Diputación se compromete a garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores de la sociedad mercantil

También condicionan su apoyo a que se salvaguarden los derechos de los trabajadores y de los ayuntamientos que tengan planificadas inversiones dentro de algún proyecto a ejecutar por Suplusa.

ANTECEDENTES. Suplusa fue una sociedad creada por la Diputación hace años para dotar de suelo industrial a los concellos de la provincia lucense. Con la llegada en 2017 a la presidencia de la entidad mercantil del diputado díscolo, Manuel Martínez, se desató la tormenta en el seno del organismo provincial.

La sociedad urbanística llegó a contar con mayoría de los populares y Manuel Martínez en su consejo, por lo que tomaron incluso decisiones contrarias al pleno de la Diputación, que era su entidad matriz. Los rifirrafes entre socialistas, que gobernaban en minoría, y el becerrego, fueron constantes en las sesiones plenarias y la gestión de las residencias provinciales fue uno de los puntos más conflictivos. Los convulsos enfrentamientos desencadenaron un proceso judicial que aún permanece abierto en los tribunales, pero que con el nuevo gobierno puede tener los días contados.

Martínez defiende la gestión de Suplusa y dice que no retirará las demandas
El todavía presidente de Suplusa, Manuel Martínez, defendió la gestión de la sociedad mercantil y señaló que la intención de disolverla "é un erro", pues según su opinión "a Deputación non pode asumir todos os proxectos que xestiona a sociedade".

El diputado que más conflictos ha tenido con sus excompañeros socialistas en el pasado mandato anunció además que no retirará ninguna de las demandas interpuestas contra el organismo provincial. Hizo estas declaraciones en referencia al acuerdo alcanzado el miércoles entre PP, BNG y PSOE de poner fin a todas las acciones judiciales.  "Dame igual o que decidisen, se depende da miña persoa non se retirará ningunha demanda porque foron postas con toda a coherencia", dijo.

Además, se mostró molesto al asegurar que nadie le comunicó la decisión de hacer desaparecer la entidad que aún lidera y arremetió contra el PP por apoyar la decisión. "Durante catro anos defenderon que Suplusa era moi importante para a provincia e agora cambian de criterio. Eu son firme aos meus principios", recalcó.

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