Portomarín intenta legalizar la captación para no quedar sin agua

La CHMS dice que los acuerdos sobre la traída entre Concello y Fenosa, al construirse Belesar, no implicaron la autorización de esa dotación. Multa con 26.000 euros al Concello, que recurrirá

El Concello de Portomarín intenta legalizar el sistema de captación de agua a la capital y núcleos próximos para que no queden sin suministro. Aunque la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) le dice al gobierno local que se "abstenga de derivar agua" desde las zonas de suministro (los ríos Ferreira y Cebres) al no tener permiso, el alcalde, Juan Serrano, garantiza el servicio a los casi 750 vecinos afectados.

Aunque el Concello ya lleva meses con trámites para esa legalización, urge ahora porque la CHMS acaba de resolver que los acuerdos para la creación de la red del agua entre Fenosa y el Concello de hace décadas, cuando se creó el embalse de Belesar, no implicaron la autorización a esas captaciones.

El gobierno local sí que piensa que esa concesión administrativa está amparada por aquel pacto -por el que la empresa dotó la nueva villa de todos los servicios- al emanar de una orden ministerial, pero el organismo de aguas rechaza su validez y ha impuesto una multa de 26.000 euros al Concello -20.000 por una infracción "menos grave" y 6.000 de indemnización por el caudal sustraído sin tener permiso-. La CHMS amenaza con más sanciones por esa ilegalidad, que insta a corregir, y ordena al Concello que "se abstenga de derivar agua sin disponer de autorización".

En su resolución, la Confederación también obliga a restituir las zonas de captación "a su primitivo estado", pero suspende a continuación ese mandato mientras el Concello tramita ese expediente para legalizar las instalaciones. Según la CHMS, la entidad local lo inició en 2007, con Silvia Rodríguez de alcaldesa, pero "está pendiente por causas imputables al organismo solicitante".

La CHMS también advierte de que si su futura resolución a ese expediente de legalización de la captación es favorable, el Concello tendrá 15 días para realizar "las obras oportunas para adaptar la situación a los términos de la autorización", mismo plazo que le da, en caso de dictamen desfavorable, para "reponer las cosas a su estado primitivo".

El Concello está preparando un recurso a esa resolución (con un abogado y el área jurídica de la Diputación), al insistir en creer válida la orden ministerial de hace décadas y ver "desproporcionada" la multa. Aunque ve arbitrariedad -"con ese criterio, ao mellor tampouco hai concesión para o encoro e hai que devolver os terreos ao seu estado orixinal", dice Serrano-, siguen los trámites municipales para legalizar la captación. Así, el gobierno local espera recibir en breve un informe pendiente de Sanidade para remitirlo a la CHMS.

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