Okupación en Rábade: las lagunas que tiene el sistema

El caso de la familia rabadense que okupó una casa tras perder la suya en un incendio, porque "nadie quería alquilarnos", evidencia las fallas burocráticas, que se agravan para un colectivo estigmatizado
Las llamas calcinaron la vivienda de la familia que ahora okupó una casa, y la de su vecino. XESÚS PONTE (AEP)
photo_camera Las llamas calcinaron la vivienda de la familia que ahora okupó una casa, y la de su vecino. XESÚS PONTE (AEP)

El caso de la familia de Rábade que el día 2 perdió su casa en un incendio —unas llamas que también arrasaron la de su vecino— y que el pasado fin de semana okupó una vivienda de la localidad, asegurando que se vieron "obligados", evidencia las dificultades burocráticas a la hora de hacer frente a escenarios tan complejos de emergencia social. Y se agrava al tratarse de un colectivo todavía estigmatizado.

Son 13 los integrantes de ese núcleo familiar que residían desde hace unos 20 años en el inmueble ahora calcinado, cuya hipoteca "seguimos pagando". En el primer piso vivían un matrimonio con dos hijos de 16 y 18 años y tres nietas a su cargo —de entre seis y 13—; y en el segundo, otro hijo de esa pareja con su mujer y sus cuatro niños —de entre tres y doce años—. Buena parte de ellos fueron realojados en un primer momento en un hotel de O Ceao gracias a la partida del Concello destinada a emergencia social, cuyos fondos, como reconocía en su momento la alcaldesa, Remedios González, son limitados.

¿Pero qué pasa cuando no se encuentra solución habitacional a largo plazo, cuando falla el derecho a una vivienda digna?

Servicios sociales trata de encontrar una vivienda en alquiler

Desde el área de servicios sociales trabajan en encontrarles un alquiler, una búsqueda que, días después, sigue siendo infructuosa pero que la familia agradece, al igual que la colaboración vecinal. A mayores, el Concello les facilitó vales para comida y elementos de primera necesidad. Sin embargo, tras dejar las habitaciones de hotel el pasado viernes por las reservas derivadas del elevado volumen de eventos que había en la ciudad, optaron por tomar el derecho por su propia mano a costa de la propiedad privada.

Durante el fin de semana, parte de los integrantes de la familia okuparon una vivienda que desde hace unos años está vacía, tras fallecer su dueño y quedar su titularidad en manos de parientes de tercer o cuarto grado. Al parecer, la propiedad no estaba aún repartida entre los herederos, un factor que dilata los plazos.

¿Qué pueden hacer los dueños de la casa okupada?

Tal y como explica el abogado lucense Ángel Vellé, hay varios escenarios por delante. El más sencillo para todos es ejecutar la repartición de la propiedad y solicitar a la familia que abone un alquiler, pero también pueden instar un "desahucio por precario".

Así mismo, cabe la posibilidad de que uno de los propietarios actúe, de acuerdo con el resto y en nombre de todos, para poner en marcha ese procedimiento y, si no hay conciliación entre ellos, algunos podrían actuar "en beneficio de la comunidad hereditaria, pero sería una vía más lenta".

Vellé detalla además que, si se trata de un procedimiento con el beneplácito de todos los poseedores, "los plazos dependen del juzgado que toque, pero no debería ser superior a dos o tres meses".

¿Y si la familia okupa acredita situación de vulnerabilidad?

Sin embargo, aquí añade que entra el factor vulnerabilidad: "Hay la posibilidad de que esta familia solicite al área de prevención de desahucios de la Xunta un informe que acredite su situación de vulnerabilidad". De esta manera, con varios niños a su cargo, como es el caso, "es mucho más fácil que se lo concedan, igual que si hubiera ancianos", y eso demora cualquier intento de desalojo.

Con todo, recalca que la propiedad "siempre va a ser reconocida", por lo que "un desahucio por okupación no es imposible en ningún caso, solo puede llegar a ser más lento". 

"Algo ha fallado"

Ángel Vellé resume que "si una familia decide okupar una casa es porque algo ha fallado en el sistema", pero, por el contrario, esta acción "puede dificultarles el ser alquilados por un propietario".

Una de las integrantes de la familia reconoce que su intención es la de "preguntarles a los dueños si nos quieren alquilar, porque no queremos nada por la cara", y lamenta que "nos vimos obligados a llegar a esta situación". Añade así que "nadie nos alquila por ser gitanos" y denuncia que "la Xunta tampoco nos ayuda".

 En este sentido, desde el Gobierno gallego sugieren a la familia inscribirse en el registro de demandantes de vivienda protegida y recuerdan que disponen del bono de alquiler social, con el que se sufraga el 100% de la renta de forma directa si se cumplen los requisitos, aunque los afectados lamentaban que el problema era, precisamente, que "no nos alquilan ni una vivienda".