El jurado popular declaró este jueves por unanimidad culpable de homicidio a José Luis Alonso Díaz, el vecino de Rábade juzgado por estrangular a su hermano minusválido. El tribunal considera probado que el acusado acabó con la vida de la víctima, pero cree que lo hizo en un momento de ofuscación y destaca que posteriormente llamó a la Guardia Civil, por lo que le fueron reconocidas las atenuantes de confesión y arrebato, tal y como solicitaba el letrado de la defensa, Juan Carlos López Abad.
Antes de conocerse el veredicto, el juicio contra José Luis Alonso se retomó en la Audiencia Provincial de Lugo con la declaración de los forenses y psiquiatras que trataron al presunto fratricida, quienes tampoco lograron que el acusado les relatara lo que sucedió en su vivienda el día del crimen. "Nos dijo que veía justo estar en prisión y que no tenía que haber pasado eso, pero que no iba hablar de lo que había sucedido", explicaron. Los peritos indicaron que el acusado se negó a comentar las circunstancias en las que se produjo el suceso, pero se mostró en todo momento "colaborador" y respondió a todas las preguntas que le realizaron sobre la relación que mantenía con su hermano fallecido. "Nos explicó que su hermano tenía una discapacidad y que muchas veces compraba cosas de forma compulsiva, lo que generaba algunas discusiones entre ambos, pero él no lo concebía como un problema importante e intentaba evitar conflictos. En ningún momento nos describió la relación con su hermano como negativa", apuntaron.
Forenses y psicólogos describieron al acusado como un hombre «introvertido, distante y solitario», pero descartaron que en el momento de los hechos padeciera cualquier tipo de alteración o trastorno psíquico. "Es una persona centrada en la realidad. Manifiesta poco sus emociones y es poco empático, pero en todas las pruebas que se le realizaron se descartaron alteraciones psíquicas y trastornos como delirios, alucinaciones o una patología psicótica. Y tampoco consumía drogas o sustancias tóxicas que pudieran influir en su comportamiento, por lo que era plenamente consciente de sus actos". Dos de los peritos reconocieron sin embargo que presentaba rasgos de la personalidad que podían aumentar su impulsividad.
A preguntas del propio tribunal sobre el silencio que ha guardado siempre el acusado con respecto a la muerte de su hermano, todos los peritos coincidieron en señalar que se trata de "una actitud voluntaria", que no obedece a ninguna alteración psíquica. "No quiso hablar nunca del incidente, y está en su derecho de hacerlo, pero llegó a mostrar arrepentimiento en algunos de sus comentarios", concluyeron.
Con respecto a la causa de la muerte, los forenses explicaron que la víctima presentaba moratones en el cuello y en la boca y que, tal y como reveló el resultado de la autopsia, se encontraba con vida antes de que le presionaran el cuello. Además, la víctima tenía pelos de su hermano en la mano derecha, "que estaba contraída debido a los espasmos cadavéricos", lo que revelaría que trató de defenderse. "Sin ninguna duda", comentaron, "fue una muerte homicida, no accidental".
Una vez finalizados los interrogatorios, el fiscal y el letrado de la defensa expusieron sus conclusiones ante el jurado popular. El ministerio público consideró probado que sobre las dos y media del mediodía del 23 de noviembre de 2019, el acusado, que tenía entonces 42 años, atacó a su hermano, de 45, "y le apretó el cuello hasta causarle la muerte", que se produjo por "asfixia mecánica por compresión". Posteriormente, llamó por teléfono a la Guardia Civil de Rábade y recibió a los agentes con los brazos estirados, haciendo un gesto para que lo esposaran.
El ministerio público recalcó que, en el momento de los hechos, el presunto agresor "tenía sus facultades intactas para comprender sus actos y era plenamente consciente de que con su acción acabaría con la vida de su hermano", por lo que pidió que José Luis Alonso Díaz fuera condenado como autor de un delito de homicidio, sin que se le aplicara ningún tipo de circunstancia atenuante o eximente. Para el letrado defensor, sin embargo, las pruebas llevadas a cabo en la vista oral no resultaron tan concluyentes y solicitó que, en caso de condena, se le aplicara al acusado la atenuante de arrebato. Finalmente, el jurado popular apoyó los argumentos de la defensa y le reconoció al acusado las atenuantes.
Una infancia carente de cariño
Los forenses explicaron que el acusado no quiso hablar del crimen, pero se mostró colaborador y respondió a preguntas sobre su vida en Rábade. "Refería una infancia en una familia disfuncional y carente de cariño, incluso con malos tratos y humillaciones por parte de su progenitor", señalaron.
RESPONSABILIDAD PENAL. Tras el veredicto, los magistrados de la Audiencia Provincial de Lugo tendrán que dictar sentencia y fijar la pena. Para ello tendrán que tener en cuenta la circunstancia agravante de parentesco y también las dos atenuantes que le reconoció el jurado popular, la de arrebato y la de confesión. El acusado nunca confesó literalmente el crimen, pero llamó a la Guardia Civil, les hizo un gesto para que lo esposaran y jamás negó los hechos que se le imputaron desde su arresto.
