La gobernabilidad del Ayuntamiento de Palas de Rei se complica cada vez más tras el fallo de la Audiencia Provincial, que el pasado mes de julio condenó a penas de entre nueve y siete años de inhabilitación para cargo público tanto al alcalde de la localidad, Pablo Taboada, como a los concejales Fernando Pensado, José Ramón García Vázquez, Amando Sande Agra y María Aurora Vila Agra, por delitos de prevaricación y acoso laboral a la secretaria interventora Celia González Vázquez.
La contundente sentencia —que también condenaba a la exedil María Cristina Lodeiro Castiñeira y a los funcionarios Carlos Ouro Villamor, Juan Manuel Varela Portela y María Luisa Novo Santos, por acoso laboral— parecía que pondría fin al largo conflicto que enfrenta a ambas partes desde hace casi una década, pero la decisión del gobierno local de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo y de no dimitir mientras este no sea firme está teniendo serias consecuencias para el funcionamiento diario del Ayuntamiento.
Las iniciativas del gobierno local son ahora frenadas en seco por los informes de intervención, que recuerdan a los ediles condenados su situación de incompatibilidad. La secretaria Celia González argumenta estos reparos en la Lei Orgánica 5/1985, del Régimen General, en la que se determina su aplicación a "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración pública o contra instituciones del Estado, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial".
El riesgo que asume Taboada y sus concejales no adscritos es en todo caso muy elevado, ya que podrían estar incurriendo en un nuevo delito de prevaricación
Pero pese a la contundencia del texto, la dimisión es algo que, de momento, no contemplan los ediles condenados. El alcalde asegura que debe ser la Audiencia Provincial la que explique su actual situación legal, tal y como se acordó en el procedimiento aprobado por el pleno del 26 de octubre para determinar su incompatibilidad. Además, el regidor no se cansa de denunciar que los informes de reparo son "segados" y "parciales", al ser la secretaria parte implicada en el conflicto.
En la práctica, la situación se traduce en que para que el Ayuntamiento de Palas no caiga en una parálisis total, el alcalde debe convocar plenos extraordinarios para levantar los reparos de intervención y poder seguir así materializando obras e inversiones.
La actual situación jurídica del equipo de Taboada es, en todo caso, un duro varapalo para el PP, que ha tenido que renunciar de golpe a cinco de las siete actas que consiguieron en las últimas municipales, una vez que todos los implicados tuvieron que abandonar el partido y pasarse al grupo de no adscritos para poder enfrentarse al juicio.
Precisamente, esa necesidad de los populares de mantener la alcaldía si se consuma la dimisión de Taboada es lo que explica la abstención de los dos únicos ediles populares que no se han visto implicados en el caso, Alba Villasante y Jesús Fandiño, cada que se vota el levantamiento de reparos para evitar así caer en posibles irregularidades. Los cuatro concejales del PSOE se ausentan del salón de plenos cada vez que se producen estas votaciones, por considerarlas "ilegales".
El riesgo que asume en estos momentos Pablo Taboada y sus concejales no adscritos es en todo caso muy elevado, ya que podrían estar incurriendo en un nuevo delito de prevaricación. De ser así y de dictarse contra ellos una nueva condena, todos podrían ingresar en la cárcel para cumplir las penas de entre 15 y 6 meses de prisión a las que también están condenados y que, de momento, han eludido al ser este su primer delito. De declararse nulos los acuerdos plenarios aprobados tras su condena, los ediles podrían tener que asumir responsabilidades civiles, como hacer frente a los pagos municipales aprobados en los mismos.
