El propietario de una vivienda situada en el término municipal de Rábade denuncia que la empresa concesionaria del agua de la traída ha cortado el suministro hace unos dos meses. En la casa afectada residen en régimen de alquiler una mujer con su bebé de cinco meses. Asimismo, culpa al alcalde, el independiente Francisco Fernández Montes, de comportarse "de manera ajena ante un problema grave, un agravio de un derecho fundamental".
Según explican en nombre del propietario del inmueble, la empresa FCC Aqualia le exige actualmente 976 euros por un supuesto "fraude de ley en el consumo de agua", que el protagonista de la historia niega rotundamente. "Aqualia hizo unos cálculos totalmente aberrantes, hablan de 800 litros diarios, que eso no los gasta ni Finsa", explican, "y lo acusan de haber hecho una derivación en las tuberías". Sin embargo, puntualizan, "en el contador -que está autorizado- no aparece reflejado tal consumo, pero ni se interesan en mirarlo".
Esta situación se puso en conocimiento del propio Concello de Rábade, "el responsable último de esto", en un escrito presentado "el 3 de enero". "En Navidades cortaron el agua sin avisar a esta mujer, que estaba embarazada, así que le suplicamos al alcalde y el servicio se repuso", cuentan, "pero a finales de marzo la volvieron a cortar, enviamos más escritos al Concello, pero no hay respuesta".
Además, señalan que ya interpusieron dos denuncias ante la Guardia Civil, la segunda "por acoso por parte de Aqualia".
Al parecer, esta no es la primera vez que la concesionaria le reclama importantes sumas de dinero al propietario de la vivienda, ya que con anterioridad se le "embargaron más de 5.000 euros".
"Lo que pedimos es que se reponga el servicio", añaden, "o que esta mujer -la inquilina- pueda darse de alta en la traída, pero Aqualia se niega porque dice que hay una deuda".
Este medio trató de contactar, sin éxito, con la empresa concesionaria del agua para recabar su versión, si bien el regidor de Rábade sí reconoció la existencia de "denuncias e contradenuncias" entre el titular de la edificación y la suministradora, además de una en el Concello para la que "estamos agardando informe xurídico para resolvela", puntualizó Fernández Montes.
