A veces, el mismo sistema que debe proteger a las víctimas es el que las acorrala. Y lo más terrible es que ni siquiera hay una explicación para ello, simplemente las cosas son así.
Lugo acaba de conocer un espeluznante ejemplo, que ha convertido a una chica de una parroquia de Baleira en víctima de la Justicia, además de sus verdugos. La pequeña era menor de diez años cuando comenzó a sufrir los abusos sexuales del hermano de su cuñado, con la colaboración y el favorecimiento de su propia hermana. Luego, tras años de abusos, su cuñado se unió a la tortura y acabó embarazada de él. El niño fue dado en adopción.
Esta misma semana, los tres se sentaban en el banquillo de la Audiencia Provincial para enfrentarse a sendas condenas de once años. Pero la vista duró poco: un acuerdo previo entre las partes dejó las sentencias en tres años para cada uno y el pago de una indemnización de 50.000 euros.
Para alguien ajeno al mundo del Derecho, que no siempre es sinónimo de Justicia, es difícil comprender que probados semejantes hechos, una condena de once años se pueda quedar en tres. Pero es perfectamente legal y la explicación está en el propio funcionamiento del sistema.
La vista duró poco: un acuerdo previo entre las partes dejó las sentencias en tres años para cada uno y el pago de una indemnización de 50.000 euros
El problema principal reside en los siete años que, inexplicablemente, duró la instrucción hasta que el juzgado de A Fonsagrada dictó auto de apertura de juicio oral. Por el camino, la primera denuncia se investigó y se archivó por parte del juzgado, por lo que la Fiscalía tuvo que recurrir a la Audiencia Provincial, que ordenó reabrir el caso.
La instrucción se reinició y se encontró con delitos cometidos en el ámbito familiar de un grupo bastante peculiar y en el que los que habrían podido actuar como testigos eran precisamente los sospechosos. Fue, en resumen, una investigación complicada que además requirió al menos tres recursos ante la Audiencia Provincial, mientras los meses se iban acumulando, hasta completar esos siete años. Baste decir que cuando llegó al juzgado la niña tenía 13 años y cuando llegó el juicio ya era mayor de edad.
El tema es que esos siete años de instrucción obligan legalmente a reconocer una atenuante de dilaciones indebidas, con lo que la pena ya se rebaja en grado: de 11 años, se pasa a pedir alrededor de cinco.
Pero es que, además, hay que añadir una segunda atenuante: la reparación parcial del daño. Es decir, los tres acusados habían satisfecho al día del juicio 48.000 de los 50.000 euros de indemnización a la víctima. Mientras que la anterior rebaja de un grado es obligatoria, esta segunda es potestativa por parte de Fiscalía. Implica que la condena máxima a pedir se sitúa en el arco de entre 2,9 meses y cinco años, en el que se incluyen los tres años que finalmente se pactaron. Se aplicó, según fuentes conocedoras del asunto, con el visto bueno explícito de la víctima.
El tema es que esos siete años de instrucción obligan legalmente a reconocer una atenuante de dilaciones indebidas, con lo que la pena ya se rebaja en grado: de 11 años, se pasa a pedir alrededor de cinco
Según las mismas fuentes, la decisión de la víctima vino en cierto modo condicionada por todo el proceso judicial que tuvo que sufrir. No aceptar el acuerdo hubiera supuesto para ella volver a tener que declarar en la vista y revivir todo el infierno que pasó para que, en el mejor de los casos, los acusados fueran condenados a unos cinco años en lugar de a tres.
Por otro lado, el acuerdo contemplaba una indemnización muy alta para la chica para lo habitual en estos asuntos, más alta incluso de lo que solicitaba la misma Fiscalía. Una indemnización que, además, se había visto ya satisfecha en su mayor parte, mientras que una condena en el juicio no le hubiera asegurado su cobro ya que los acusados podrían haber intentado cualquier movimiento, como declararse insolventes o retrasar los pagos.
Estas son, en resumen, las principales circunstancias que explican que uno de los casos de abusos sexuales infantiles más impactantes conocidos en la provincia de Lugo en los últimos años haya finalizado con una escandalosa condena contra tres personas que, no hay que olvidar, se han reconocido culpables de los hechos.
A través de un manifiesto hecho público ayer, el Ayuntamiento manifiesta su repulsa contra cualquier tipo de abuso sexual o violencia, "sexa do tipo que sexa", y lamenta "os terribles feitos" sufridos durante años por la menor de este municipio que, "de ser certos, representan un atentado e un feito totalmente inadmisible". El gobierno local, cuyo alcalde es Ángel Martínez-Puga, considera que este tipo de sucesos no son "representativos" de Baleira, cuyos habitantes "séntense consternados e indignados".
El Ayuntamiento también expresa su solidaridad con la víctima y le ofrece "a máxima colaboración" en todo lo que necesite.
