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UU.AA. alerta de que explotaciones de montaña podrían perder 23 millones de ayudas europeas

Una granja lucense. ARCHIVO
Una granja lucense. ARCHIVO
El sindicato advierte del impacto de que la Xunta solicite una ampliación del plazo de ejecución del Plan de Desarrollo Rural ► Calcula que en Lugo hay municipios cuyas granjas dejarán de percibir un millón de euros

El secretario general de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, alerta de que las explotaciones agrarias situadas en zonas desfavorecidas o de montaña podrían perder los 23 millones de ayudas europeas que tenían previsto cobrar antes de finales de 2020 si Bruselas atiende "a la propuesta de la Xunta de Galicia" para ampliar el plazo de ejecución del Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020.

En declaraciones a los medios de comunicación, García precisó que la propuesta de ampliación pide a las autoridades comunitarias una "prórroga de tres años para el desarrollo del PDR, dado que en este momento se encuentra al 50% de ejecución y hay 500 millones sin gastar". Sin embargo, dice que en esa propuesta hay dos decisiones que afectan directamente a las explotaciones agrarias, como el hecho de que las granjas se queden sin ayudas agroambientales "más allá de 2020, de modo que no recibirán aportaciones para completar su renta "en 2021, 2022 y 2023".

Además, los 23 millones que iban a ingresar las granjas situadas en zonas desfavorecidas o de montaña antes de finales de 2020, como ayudas a la renta, se destinan "a empresas de desbroce y de lucha contra el fuego" o la extensión "de banda digital". Según García, se trata de "un ataque directo al modelo de explotación familiar en la zona de montaña" y una decisión que toma el camino contrario "al discurso oficial por parte de la Xunta de Galicia" sobre el apoyo a la economía rural.

Por ello, el sindicato solicita una reunión con Alberto Núñez Feijóo, para saber si "comparte el criterio" explicitado en esa propuesta, y además iniciará de inmediato una campaña en todos los municipios afectados por esa decisión, con ayuda de los ayuntamientos, la Fegamp y las diputaciones.

Recordó García que en la provincia de Lugo, por ejemplo, hay municipios cuyas granjas dejarán de percibir en torno a un millón de euros, una diferencia que, en realidad, puede marcar la diferencia entre "permanecer abiertas u optar por el cierre".

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