Los tres miembros de una familia de Baleira condenados el 17 de enero a tres años de prisión y cinco de libertad vigilada por abusos sexuales continuados a una niña -desde que tenía siete años hasta quedarse embarazada a los 13- podrían tardar todavía varias semanas en entrar en prisión, un plazo normal dentro del procedimiento judicial pero anómalo para unos vecinos para los que es difícil asimilar la gravedad de estos hechos.
Lo que para la opinión pública fue una pena irrisoria explica también esta demora. La prisión preventiva, de hecho, solamente se decreta en penas más contundentes. En este caso, la Fiscalía pedía once años para cada uno de los acusados -la hermana de la víctima, su cuñado y el hermano de este-, pero el acuerdo de conformidad al que llegaron finalmente con la Fiscalía y la víctima, ahora de 21 años, redujo el castigo a tres.
Si los plazos son normales, la situación que se da con los condenados, que siguen conviviendo con dos niños de dos y nueve años en la casa familiar, dista mucho de calificarse como normal, sobre todo tras las dilaciones indebidas de un proceso iniciado en 2016.
Aunque no es posible determinar un plazo exacto para el ingreso penitenciario, este suele demorarse un par de meses. Una vez dictada la sentencia se abre la fase ejecutoria, en la que se pide informe a las partes, al fiscal y también se escucha a la víctima. Concluido este proceso, la Audiencia dicta el auto de prisión, que se puede recurrir. En este caso, al haber llegado a un acuerdo de conformidad, el recurso solamente podría referirse a alguna cuestión formal, o a la incapacidad de cumplir condena por enfermedad, por ejemplo. Sin embargo, aunque no haya ningún recurso, el plazo tiene que agotarse.
Tan pronto como el auto es firme se inicia la ejecución penal. Los condenados tienen entre cinco y diez días para entrar en prisión. Si no lo hiciesen voluntariamente se recabaría el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La huelga actual de secretarios judiciales también podría afectar, ya que correspondería al secretario ejecutar el proceso.
