El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, reconoció que el proceso para la venta de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao está en un momento de "muchísima ambigüedad y secretismo por parte del Gobierno y de Alcoa", a quienes ha pedido una "reacción" para llevar la operación a buen puerto.
Conde lamentó, antes de participar en un acto institucional en el aeródromo de Rozas, que no haya "ninguna explicación" al "cambio de criterio del Gobierno" en relación con el papel de la Sepi en el proceso de venta, ni tampoco sobre la falta de "transparencia" por parte de Alcoa.
"Los trabajadores no se lo merecen y Galicia no se lo merece”, porque "hay un consenso claro para que se produzca esa venta", ha señalado el vicepresidente gallego.
Por este motivo considera que se hace necesaria una "reacción" por parte de ambos actores que aporte "certidumbre y transparencia" al proceso.
“Esto es compromiso y no verborrea”, afirma Isabel Rodríguez
"La Sepi tiene que seguir liderando ese proyecto", añadió Conde, que ha garantizado que "la Xunta seguirá colaborando" porque el Gobierno "puede contar" con la administración autonómica en la búsqueda de esa ansiada solución, para la que ha reclamado "claridad" y "unidad de acción".
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO. La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, afirmó que “la responsabilidad de la situación de incertidumbre en la que se encuentran los trabajadores de Alcoa es de la multinacional norteamericana, no del Gobierno de España”.
En declaraciones a los medios de comunicación, la subdelegada dijo que “el Gobierno siempre estuvo remando a favor de los trabajadores de Alcoa y de la comarca de A Mariña”, porque “lleva desde el primer momento implicado en la búsqueda de una salida”.
Dijo que el “compromiso” del Gobierno “no son solo palabras, sino hechos”, porque “nunca se puso de lado” e hizo “gestiones para buscar a un comprador, presionar a Alcoa para evitar el cierre y puso dinero encima de la mesa”.
De hecho, recordó que “en las tres últimas semanas este Gobierno aprobó un gasto de 170 millones para ayudas a la industria electrointensiva y para compensar los costes por emisiones de CO2. Dinero público para ayudar a empresas como Alcoa”.
“Esto es compromiso y no verborrea”, añadió, además de recordar “que quien tiene las competencias en materia de industria es la Xunta, y sería bueno que las ejerciese”.
Según la subdelegada, “Alcoa tiene que decidirse ya a vender”.
