Xunta y Gobierno vigilarán el proceso de venta de Alcoa, que en junio tendrá ofertas firmes

Según fuentes sindicales, la multinacional contempla un escenario de insolvencia y prevé pérdidas de 600 millones. La empresa planteó al comité sacar fondos del depósito de las inversiones o un programa de bajas voluntarias
Mesa de seguimiento celebrada en el Ministerio de Industria con participación del Gobierno, la Xunta, la empresa y los sindicatos. EP
photo_camera Mesa de seguimiento celebrada en el Ministerio de Industria con participación del Gobierno, la Xunta, la empresa y los sindicatos. EP

La fábrica de Alcoa en San Cibrao se encamina a un nuevo proceso de venta en el que la multinacional recibió el interés de varios grupos industriales y que se prevé ágil al estar agotando sus fondos para las instalaciones, de hecho a mediados de mayo recibirá las ofertas de compra no vinculantes y a mediados de junio las vinculantes. La próxima semana se reunirá con la Xunta y el Gobierno para firmar un acuerdo de confidencialidad que permita a las administraciones hacer un seguimiento y comprobar la solvencia de los inversores, como también demanda el comité.

Alcoa dibujó un escenario financiero catastrófico para los próximos años en la reunión de ayer -con pérdidas de 600 millones en tres ejercicios, según fuentes sindicales- e insiste en que en la segunda mitad de este 2024 se acabarán los fondos para la fábrica de San Cibrao, con lo que "podría llegar a considerar una posible situación de insolvencia".

En este sentido, hizo peticiones al comité como flexibilizar el rearranque de las cubas "en función de la viabilidad", retrasar la inversión del horno de ánodos hasta 2026 "ligado a la viabilidad de la operación", echar mano de los fondos del depósito de garantías -que tenía 103 millones de dólares para garantizar que se realizaban las inversiones comprometidas- para compensar pérdidas, flexibilizar la transferencia de personal entre las plantas de Aluminio y de Alúmina o impulsar un programa de bajas voluntarias.

Alcoa se decanta por la venta -en la que plantea que participen Gobierno y Xunta- también una vez descartada por el Ejecutivo central la vía de las subvenciones, al no permitir la normativa europea conceder ayudas a "empresas que están en un momento de grave crisis". La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, expuso esta situación "tras analizar diferentes instrumentos» y apunta que ahora abre un nuevo escenario con la disposición de la empresa a vender, un proceso en el que dice que el Ministerio de Industria va "a participar activamente" y que se sentará junto a la empresa y la Xunta para "analizar los posibles compradores y hacer el seguimiento pertinente".

Torró insistió en el "compromiso firme" del Gobierno por la continuidad de la producción de aluminio en España. "El ministerio ha dejado clara una condición importantísima: el futuro comprador tiene que tener una vocación de permanencia para que la actividad que actualmente desarrolla Alcoa siga en Galicia puesto que es estratégica para nuestro país", afirmó.

Por su parte la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, puso a disposición los servicios de la Xunta en la búsqueda de un comprador y trasladó el compromiso de "acompañar" en el proceso. Apunta que tras la firma del acuerdo de confidencialidad trabajarán "nese exame das ofertas e sobre todo na seriedade e na solvencia das empresas que queiran adquirir a fábrica".

El Ejecutivo gallego también pide a Alcoa que continúe trabajando en San Cibrao con normalidad y el "cumprimento íntegro" del acuerdo, con la inversión del horno. Lorenzana rechaza la intención de la empresa de acceder al depósito financiero, "a garantía económica que está feita para que se poida cubrir ese investimento" y para que si llega un nuevo comprador "colla a fábrica na mellor das condicións posibles".

Agrega que desde la Xunta seguirán apoyando al comité en sus reivindicaciones y estarán "vixilantes para que a empresa garanta o mantemento da actividade industrial e dos postos de traballo que son fundamentais para o futuro laboral e industrial da Mariña e de toda Galicia".

TRABAJADORES. El presidente del comité, José Antonio Zan, reclamó la implicación de Xunta y Gobierno para "vigilar todo el proceso y ser los responsables en cualquier decisión final. No podemos permitir que sea Alcoa la que decida a quién vende porque lo importante es buscar una viabilidad a largo plazo", recalcó.

Los representantes sindicales fueron claros en su respuesta a Alcoa y rechazan que la empresa pueda acceder al depósito financiero. Tampoco aceptan modificar el acuerdo de viabilidad y reclaman su cumplimiento íntegro en cuanto a la inversión del horno, el rearranque completo y la protección laboral. Sobre el horno advierten que es vital que su construcción se inicie "cuanto antes para garantizar la carga de trabajo de las empresas auxiliares y para la viabilidad de la fábrica a largo plazo".

El comité de empresa también insiste en la creación urgente de mesas técnicas para hacer un seguimiento de las tramitaciones para ampliar el depósito de lodos rojos y para la construcción de los parques eólicos asociados a los nuevos contratos de energía, con personal de las administraciones implicadas. "Tenemos un dique de contención de estos proyectos en el Ministerio de Transición Ecológica y queremos tenerlos cuanto antes", dice José Antonio Zan en relación al atasco en la tramitación de los parques eólicos de mayor potencia por parte de este departamento estatal.

La CIG pone sobre la mesa retomar las protestas

La sección de la CIG de Alcoa convoca una asamblea el lunes a las tres y cuarto en la explanada de la entrada de la fábrica en la que abordarán la situación de la empresa y de las auxiliares y las propuestas de movilización. Acudirán el secretario xeral del sindicato, Paulo Carril, y el secretario de Industria, Xoán Bouza. Desde la central animan a asistir «dada a situación na que estamos inmersos e que non hai salvadores supremos»

Ana Pontón

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insistió en la intervención pública de Alcoa como "única garantía" para que la fábrica siga funcionando y dice que no solo depende de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), sino que "a Xunta tamén ten que dar un paso adiante e participar".

La nacionalista considera que Alcoa tiene tomada su decisión de no seguir produciendo en San Cibrao desde hace tiempo y que tanto la Xunta como el Gobierno han dejado pasar meses sin aplicar una intervención que es "unha medida legal" que se utilizó en otras compañías estratégicas como Telefónica.

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