La Xunta asegura que Ribadeo no está usando todas las horas de Axuda no Fogar disponibles

El Concello insiste en que hay lista de espera y que Politica social no la atiende

La conselleira de Política Social, Fabiola García. AEP
photo_camera La conselleira de Política Social, Fabiola García. AEP

La Consellería de Política Social y el gobierno municipal ribadense entraron este viernes en un intercambio de declaraciones a propósito del Servicio de Axuda no Fogar (SAF). Después de que el alcalde y la concejala de servicios sociales se quejasen el jueves de que la consellería no estaba atendiendo las peticiones que se hacían ni cubriendo las horas destinadas por ley al municipio sin que desde Política Social se comentase nada al respecto, ayer sí lo hicieron y fue para asegurar que si tres personas no están ya atendidas es por responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento ribadense.

Concretamente, desde el departamento dirigido por la conselleira Fabiola García apuntaron que actualmente el municipio de Ribadeo dispone de un total de 2.500 horas mensuales para el Servizo de Axuda no Fogar y usa 2.100.

Afirmaron que en este momento tiene ya a tres personas con todo aprobado para comenzar a recibir este servicio, de las cuales dos son de grado tres, que corresponde al máximo nivel de dependencia, en tanto que otra es de grado dos "pero están pendentes de que o Concello lles asigne un recurso". A ello añadieron que "tamén proximamente entrará no programa de asignación de recursos outra persoa". Con todo ello, desde la consellería apuntan que en Ribadeo continuarían sobrándoles horas de este servicio.

Pero desde el gobierno municipal ribadense tanto Fernando Suárez como la concejala Sonia Meilán apuntan que en realidad Política Social deja sin cubrir más de 400 horas de este servicio pese a que sostienen que hay vecinos que precisan de este apoyo.

Añaden que existe una lista de espera y que además la tramitación burocrática para acceder al mismo es tan amplia que en muchos casos llega tarde y puede tardar un año entre la solicitud que realizan los usuarios, su evaluación por parte de los técnicos autonómicos y su acceso al servicio.

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