Varios testigos han prestado ya declaración en el juzgado número 1 de Mondoñedo en el transcurso de la investigación sobre el fallecimiento de una joven de 25 años de Valladolid, en la playa ribadense de As Catedrais, la pasada Semana Santa, tras caerle encima una roca que se desprendió de una cueva que visitaba. Los abogados de la familia de la víctima aseguran que los vigilantes del acceso "conocieron diez minutos antes, por una alerta que les dio una turista acompañada de un guía oficial, que estaban cayendo piedras en las grutas".
"Sabemos que no se dio ninguna alerta, ni se adoptaron de forma inmediata medidas que prohibieran el acceso a las cuevas", insisten en señalar los abogados del despacho de Valladolid que llevan el caso.
Además, "existe el testimonio judicial de otro turista que ya constaba en las primeras diligencias que había abierto la Guardia Civil" tras el fallecimiento. El visitante también había avisado a los vigilantes una hora antes del incidente de que se estaban desprendiendo piedras en las zonas de las cuevas y nada se hizo", objetan los abogados.
La defensa señala que aquel día vigilantes y guías no dejaban que los grupos entraran a las cuevas, pero si podían los particulares
Lo que le parece significativo a la defensa es que "la empresa encargada de los accesos y los guías turísticos tenían prohibido a sus empleados y a los grupos guiados entrar en las cuevas, pero no al resto de los turistas que accedían libremente al enclave".
La investigación prosigue y los abogados que representan a la familia de la víctima están pendientes de que la juez, o la Audiencia Provincial en su caso, autoricen "la testifical de otras personas que también alertaron de las caídas incesantes de piedras ese día".
La postura del Ministerio Fiscal en esta causa está aún por definir, por lo que, por el momento, en la causa abierta figura solo la familia frente a las administraciones con competencias en el enclave, que son principalmente la Xunta de Galicia, responsable del control de acceso al arenal en temporada alta, pero también la Dirección General de Costas del Estado e incluso el Concello de Ribadeo.
IMPRUDENCIA. Para los abogados de la víctima, las primeras "diligencias de prueba practicada indican la existencia de indicios claros de actitud imprudente en la actuación de los empleados encargados de los accesos y en la comunicación de los incidentes a los guardas medioambientales".
"Entendemos que los incrementos de riesgo de desprendimiento, por las tormentas precedentes y de la más cercana tempestad Hugo, hubiera obligado a los técnicos de la Xunta a reevaluar las condiciones de seguridad del entorno natural y haber previsto medidas preventivas para los turistas, como las de prohibir entrar a las cuevas con el precinto de las grutas, habilitar caminos más seguros y advertir expresamente de los riesgos provocados por las borrascas", señalan los letrados. "Ese nivel de responsabilidad también tiene que ser investigado por el juez de instrucción", añaden. La familia logró que la Audiencia Provincial ordenase reabrir el caso.
